En una entrevista concedida a Servimedia, el presidente de la federación, Julio Sanz, señaló que hay un “problema importante” respecto a los taxis accesibles en el que “todos tenemos parte de culpa”, desde el colectivo de taxis a la Administración, fabricantes, transformadores y asociaciones de personas con discapacidad.

No obstante, Sanz criticó que la normativa que obliga a la implantación de estos taxis adaptados responde a directivas comunitarias y “se sabe desde hace mucho tiempo”, en concreto desde 2007, cuando se fijó el objetivo de que el 5% de la flota de taxis de los municipios españoles de más de 50.000 habitantes sean Eurotaxis.

“Estamos a tres escasos años y la Administración no ha sido capaz de establecer un plan director”, criticó Sanz ante la posibilidad de haber podido incorporar progresivamente estos vehículos, ya que “ha habido tiempo”.

En este sentido, reprochó que en estos años se hayan seguido concediendo licencias en municipios para incorporarlos en el área de Madrid en vez de haber ido destinadas a Eurotaxis y “quizá ahora estaríamos hablando de 400 Eurotaxis”, en lugar de un centenar.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid reclamó el apoyo de la Administración, ya que donde se ha contado con su “compromiso”, se ha superado el porcentaje del 5%, como en Murcia, donde se alcanza el 14%, o Navarra, con un 8%, gracias a unos bonotaxis lanzados por el Ayuntamiento para compensar el mayor coste de este tipo de vehículos.

En España, solo el 25,2% de los municipios de más de 50.000 habitantes cumple con la cuota del 5% de taxis accesibles, y en Madrid, 17 de las 20 localidades cuentan con un porcentaje menor al objetivo de taxis adaptados para 2017, según un estudio sobre el estado de la situación del servicio de taxi accesible, elaborado por Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

COMPROMISO

En cualquier caso, Sanz defendió que lo importante no son los porcentajes, sino el servicio ofrecido a los clientes con discapacidad en los Eurotaxis, sobre los que dijo que conllevan un “elevado coste de mantenimiento”.

En este sentido, consideró como un “obligación” del Consorcio de Transportes el contribuir con estos vehículos, ya que “cuando se hacen adaptaciones a nivel supresión de barreras arquitectónicas en el Metro y autobuses lo paga el Consorcio”, y “el taxi no está en el consorcio” pero “como ciudadanos también lo pagamos, y al taxi no le llegan ninguna de esas ayudas”.

En cuanto al Teletaxi, Sanz destacó los 34 años de historia de la asociación sin ánimo de lucro, que cuenta con 38 personas con discapacidad en su plantilla, el 70% del total, y tiene una “clara vocación” de servicio social.