Ante el hecho de que las indemnizaciones por despido vayan a tributar por primera vez en el IRPF, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, calificó la medida de “injusta” al penalizar a trabajadores despedidos “que de manera involuntaria han sido expulsados de su trabajo”.

Ferrer recordó que el Gobierno “facilito y abarató el despido” con la reforma laboral aprobada en 2012, y reprochó que ahora con estas medidas “se les penaliza”, por lo que señaló que el Ejecutivo “debe abrir un proceso de diálogo para revisar estos temas”.

Asimismo, Ferrer defendió que “si lo que se pretende es atajar los tratamientos que tienen los grandes ejecutivos con contratos blindados, no se puede con eso querer castigar al conjunto de los trabajadores”. “Hay que buscar soluciones concretas para los contratos blindados”, apostilló.

La reforma fiscal establece un mínimo exento de 2.000 euros a la tributación de la indemnización por despido, con lo que se introduce equidad en el tratamiento fiscal de las mismas, según el Gobierno.