“Partes incompletos”, “descripción inadecuada de las lesiones”, “uso de términos inapropiados” y “erróneos” o fallos en la “descripción de la asistencia sanitaria recibida” son algunas de las deficiencias encontradas por la Oficina del Defensor del Pueblo.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor, Becerril destacó que este informe, titulado 'Estudio de los partes de lesiones de las personas privadas de libertad', es el primero sobre este asunto que publica un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cometido que en el caso de España desempeña el Defensor del Pueblo.

El documento alerta de un "vacío normativo" en España en materia de elaboración de partes de lesiones y de un régimen jurídico que "no entra a definir en qué consiste un parte o cuáles debieran ser sus contenidos mínimos para que pudiera cumplir satisfactoriamente el cometido deseable, que es facilitar la asunción de responsabilidad penal si hubiera existido”.

VIDEOVIGILANCIA

El Defensor del Pueblo se ha encontrado con partes “que no se pueden leer, que no se entienden lo que dicen ni se ve la firma”, y otros con un redactado inadmisible, dijo Becerril, que puso como ejemplo un escrito que se refiere ambiguamente a “un paciente con lesiones múltiples tras diversas agresiones”, sin entrar en más pormenores. “Esto hay que mejorarlo”, señaló. “Hay que hacerlo de manera más profesional y muy estricta”.

El informe emplaza al Ministerio de Justicia a encargarse de que hayan “partes homogéneos en lo sustancial, para que en todos los centros se rellenen de manera parecida, y queden claras las circunstancias de los hechos a constatar, y que se vea claramente la firma, la hora y una fotografía si procede”.

“También recomendamos a la Secretaría de Estado de Seguridad que haga un modelo de partes de lesiones con datos mínimos y que estos se remitan inmediatamente a la autoridad judicial competente”, añade.

El informe también pide que se cancele la información del detenido en cuanto sea posible para cumplir la la Ley de Protección de Datos y que las entrevistas médicas para verificar si ha habido lesiones o no se realicen siempre de manera privada.

Las conclusiones sobre la investigación de los partes de lesiones se han incluido en el último informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que también presentó Becerril en su comparecencia en la Cámara Alta.

Ese informe es fruto de 60 visitas a centros de privación de libertad (salvo seis, realizadas sin previo anuncio) y, aparte de los partes de lesiones, pone el acento en la necesidad de mejorar la videovigilancia en estos establecimientos.

“Hemos observado déficits en esa videovigilancia, sobre todo en centros cuyas infraestructuras datan de los años 70”, indicó Becerril.

La defensora pide asimismo a las autoridades en el informe una instrucción para la prevención del suicidio en los centros de privación de libertad. “Es verdaderamente deseable que exista un protocolo para evitar el suicidio en estos establecimientos”, indicó.