En este curso, que próximamente se celebrará también en otras ciudades, los abogados reciben durante cinco días formación teórica sobre las distintas legislaciones que favorecen la integración, así como los problemas específicos que suelen afectar a las personas con discapacidad.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, el letrado y miembro del Consejo General de la Abogacía Española Antonio Ruiz-Giménez de Aguilar y el abogado y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, José Ignacio Rodríguez.

“La principal finalidad de este curso”, explicó Cabra de Luna, “es que el derecho sirva para transformar y mejorar la situación de las personas con discapacidad y sus familias, dado que suelen encontrar numerosos obstáculos y barreras no sólo en la vida, sino también para defender sus derechos”.

Asimismo, Cabra de Luna mostró a los abogados cuál es la protección jurídica de las personas con discapacidad a nivel mundial y comunitario. También, reveló la importancia de emplear “precisiones terminológicas adecuadas”, como emplear el término correcto ‘persona con discapacidad’ y desterrar la palabra peyorativa ‘minusválido’.

Por su parte, Rodríguez señaló que con este curso se pretende formar a los letrados sobre las “diferentes circunstancias relacionadas con uno de los colectivos con mayor necesidad de protección, como son las personas con discapacidad, cuyos derechos tenemos que defender y conocer los abogados”.

Por último, el miembro del Consejo General de la Abogacía Española señaló que con esta acción se pretende contribuir a “crear un turno de oficio en materia de discapacidad” que defienda los derechos de estas personas y sus familias.

El Curso “Protección jurídica de personas con discapacidad” está organizado por la Fundación ONCE, el CERMI-Madrid, el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Madrid. Además, cuenta con la colaboración del Foro de Justicia y Discapacidad, la Confederación Autismo España, la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado de España.