Alejandro Calleja, padre del menor, lleva tres años tratando de que su hijo pueda acudir a un colegio inclusivo. Rubén había acudido desde pequeño a un colegio con niños sin discapacidad y estaba muy integrado, hasta que en el año 2009 el niño empezó a tener los primeros problemas, pues su profesor tutor no le aceptaba en clase, explica Down España. Fue entonces cuando a instancias de ese mismo profesor se solicitó un informe que determinó que el niño debería acudir a un centro de educación especial. Tanto la familia como el psicólogo Miguel Ángel Castañón, que atiende a Rubén desde su nacimiento, cuestionan estos informes técnicos.

Al final, la Delegación Territorial de Educación de León decidió, sin consultar a los padres, derivar a Rubén a un Centro de Educación Especial. Éstos se negaron al considerar “que en ese centro nuestro hijo iba a sufrir una regresión importante. Por eso Rubén lleva tres años aprendiendo en casa, porque no nos han dado otra solución y porque queremos luchar por el derecho de nuestro hijo a estudiar en inclusión”, explica su padre.

Down España considera que la negación de educación inclusiva para Rubén es "un claro ejemplo de regresión en materia de inclusión educativa y una prueba evidente de la vulneración que sigue existiendo en materia de derechos fundamentales para las personas con discapacidad en España”.

INACEPTABLE

Aparte de la denegación de amparo del Constitucional, la Fiscalía imputa a los padres un delito de abandono familiar, por negarse a que su hijo sea escolarizado en un centro de educación especial y por defender el derecho de su hijo a una educación inclusiva, lo que para Down España es “algo absolutamente inaceptable”.

Down España cree que en este país no se está respetando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ratificó en 2008 y que reconoce en su artículo 24 que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad”. Esta Convención fue aprobada por unanimidad por el Parlamento español y es de obligado cumplimiento en España al tener rango de tratado jurídico internacional de derechos humanos.

La organización, que representa y defiende los derechos de las 35.000 personas con síndrome de Down que viven en España, considera en palabras de su presidente, José Fabián Cámara, que en el caso de Rubén “se está cometiendo una grave injusticia”.

“En nuestro país se está negando un derecho fundamental a un niño con síndrome de Down, y Down España luchará hasta el final para que la igualdad de oportunidades para las personas con síndrome de Down sea una realidad”, manifiesta.

Cámara advierte de que “este asunto trasciende al caso concreto, pues se trata de una lucha por la defensa de un derecho fundamental de un niño con síndrome de Down y por eso es de vital importancia para nosotros”. “Detrás de Rubén estamos muchísimas familias que nos vemos reflejadas en esta situación y que lucharemos para que nuestros hijos tengan los mismos derechos que los demás niños”, explica.

El Alto Tribunal era el penúltimo peldaño en una larga lucha judicial que comenzó en León en el año 2011 y que en estos momentos se prepara para librar su última batalla en la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en Europa: el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

A esta Corte Europea se llevan casos en los que se hayan agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en un Estado. En este caso, los padres de Rubén presentarán una denuncia contra el Reino de España por violación de derechos fundamentales, anuncia Down España.