El Cermi envió sendas cartas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré; y a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, a fin de poner término a esta situación en el menor tiempo posible.

El Cermi exige la adopción “urgente” de una solución, sobre la base de la vigente regulación legal del sector del juego, “que lo permite sobradamente”, así como "la intervención de todos los entramados de juego ilegal, la paralización de sus actividades, en todo el territorio, y el desmantelamiento permanente de sus estructuras, controlando que no vuelvan a aparecer, e imponiendo las máximas sanciones que contempla la Ley".

Para el Cermi, se trata de una cuestión que “causa gran inquietud en el movimiento social de la discapacidad”, ya que “amenaza su continuidad y estabilidad” y lamenta que, a pesar de las denuncias formuladas por la discapacidad organizada desde hace décadas, los poderes públicos competentes no hayan adoptado decisiones de persecución y cese de estas actividades.

Asimismo, el Cermi advierte de que todas las estructuras ilegales que actúan en España, bajo el paraguas de juego “falsamente social no son en absoluto entidades de la discapacidad, ya que nunca han sido admitidas ni reconocidas por el conjunto del tercer sector social de la discapacidad; no reúnen ninguna de las condiciones de transparencia, respetabilidad y prestigio imprescindibles para pertenecer a este sector; y está comprobado que promueven y despliegan actividades de juego sin amparo legal en el que la imagen de la discapacidad es tomada como pretexto al servicio de intereses lucrativos de unos pocos particulares”.

Así, considera que la adopción “sin más dilaciones” de esta decisión “no puede verse retrasada más por ningún tipo de consideración social acerca de la suerte que pueden correr las personas con discapacidad en caso de dejar de existir esas estructuras ilegales de juego”.

En esta línea, asegura que esas personas con discapacidad "en ningún caso se quedarán desamparadas", ya que el movimiento asociativo de la discapacidad se compromete, tal y como ha manifestado la ONCE y su Fundación, a trabajar con las distintas administraciones responsables, para buscarles una salida laboral legal, digna y suficiente.

Finalmente, deja claro que el movimiento social de la discapacidad se ofrece a colaborar estrechamente con el Gobierno y las comunidades autónomas para que "el juego ilegal con fingido rostro social desaparezca y quede erradicado definitivamente en España".

84 MILLONES DE FRAUDE

Según el informe del sector del juego público, las ventas del juego ilegal han aumentado un 21% desde 2011 hasta alcanzar los 84 millones de euros anuales y casi 100.000 consumidores compran y se enfrentan cada día a una situación de total indefensión ante los juegos ilegales.

El juego ilegal se mantiene en muchas autonomías donde incluso crece ante la pasividad de las administraciones. Así, cinco provincias (Cádiz, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante y Murcia) aglutinan el 55,4% de los vendedores ilegales detectados en todo el país.

Por comunidades autónomas, destaca el número de vendedores en Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña (entre 100 y 300 en cada comunidad), seguidas de Madrid, Galicia, Castilla y León y Cantabria, con entre 50 y 100 vendedores de juego no legal cada una.

Finalmente, el Cermi alerta de que, debido a la “pasividad e inacción” de las distintas administraciones, “que tendrían que ponerles coto inmediato, estas actividades de juego ilegal están creciendo desmedidamente, en la más absoluta impunidad”, produciendo una lesión enorme a los juegos sociales y responsables, como el de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), así como a los juegos públicos legales como el que gestiona Loterías y Apuestas del Estado.