En este informe, el Consejo Europeo da un toque de atención a España ante la caída de la renta y el aumento de la pobreza, y alude al grave problema social que se vive en España, al tiempo que reclama al Gobierno una mayor implicación en el asunto.

El Consejo advierte que “a causa de la situación del mercado de trabajo, pero también debido a la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza, España se sitúa por debajo de la media de la UE por lo que respecta a los principales indicadores que miden la pobreza y la exclusión social, a las que están especialmente expuestos la infancia y las personas adultas jóvenes”.

Además, señala que “a raíz de la crisis, España ha registrado también una de las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de desigualdad de la renta de la UE”. Por ello, el Consejo considera indispensable para España simplificar los procedimientos para las personas solicitantes de asistencia social y mejorar la gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y local.

Asimismo, plantea que el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 constituye un marco adecuado para adaptar las políticas activas del mercado de trabajo a las personas que se encuentran más alejadas del mismo, mitigar la pobreza infantil y mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a las familias.

Por otro lado, también asegura que la asistencia y las prestaciones sociales tienen efectos redistributivos limitados en los diferentes grupos interesados, lo que trasluce deficiencias en la selección de las personas destinatarias. Además, señala que la coordinación limitada entre los servicios sociales y de empleo (incluidos los locales y regionales) y los trámites administrativos para acceder a los regímenes que garantizan una renta mínima entorpecen el abandono de la asistencia social y la reincorporación al mercado laboral.

Estas recomendaciones coinciden con lo que el Tercer Sector viene reclamando desde hace tiempo. Entre otras cuestiones, el sector pide la simplificación de trámites, la coordinación entre las comunidades autónomas, la portabilidad de la renta mínima, o la compatibilidad entre las rentas mínimas y el empleo, es decir, una aplicación del concepto de Inclusión Activa.

Sin embargo, la Plataforma considera que algunas de las recomendaciones concretas no incorporan todo el contenido deseado, como es el caso de la número 5 referente al Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, que recoge la aplicación del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y su valoración de eficacia, el refuerzo de la coordinación de los servicios sociales y de empleo; la racionalización de los procedimientos para facilitar la incorporación al mercado de trabajo desde los regímenes de renta mínima; y la mejora de la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos e hijas.

Por todo ello, la Plataforma considera importante que el Gobierno nacional y los ejecutivos autonómicos tomen nota y avancen en cuanto a los temas destacados por el Consejo aunque advierte que esto no sería suficiente, ya que "no son las soluciones integrales y de amplio alcance que se deberían poner en práctica".

De cara al Programa Nacional de Reformas 2015, la Plataforma del Tercer Sector está preparando propuestas que hará llegar a la Oficina Económica del Gobierno, con la intención de que el combate contra la pobreza y la exclusión sea realmente un asunto urgente y prioritario.

OTRAS PROPUESTAS

Recientemente, la Plataforma del Tercer Sector valoró positivamente que muchas de las aportaciones del sector hayan sido recogidas en el Programa Nacional de Reformas 2014 (PNR) elaborado por el Gobierno.

Sin embargo, reclama la aplicación del IVA super reducido a los productos alimenticios, los de higiene, a los servicios relacionados con la educación y el cuidado de los hijos e hijas, así como a los servicios funerarios.

Sobre las ayudas a familias desempleadas, solicita reducir la presión contributiva de los salarios más bajos; prorrogar las ayudas a las familias desempleadas con hijos e hijas a cargo; y mantener las rentas mínimas de inserción o rentas básicas cuando se acceda a empleos de baja remuneración o de carácter temporal.

Respecto al sistema de pensiones, aboga por posponer la reforma del sistema de pensiones hasta que se llegue a una tasa de desempleo similar a la media europea.