Dijo que de esta manera, la Comunidad de Madrid cumple con una obligación legal del Estado, que impone a las comunidades autónomas la creación de este órgano.

Explicó que existen ciertos casos en los que los empresarios pueden plantear a los representantes sindicales la inaplicación de algunas condiciones establecidas en los convenios colectivos debido, fundamentalmente, a las condiciones económicas y la situación financiera de la empresa.

Cuando se da este supuesto, llamado de “descuelgue” del convenio, puede ocurrir o bien que las partes se pongan de acuerdo, con lo que "se cerraría el descuelgue”, o bien que no haya acuerdo entre representantes sindicales y empresa, lo que abriría la vía extrajudicial de resolución del conflicto.

Esta vía contempla, en primer lugar, que se dirima el asunto en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, un órgano bipartito donde están representados los sindicatos y las asociaciones empresariales, mientras que la Administración regional tan sólo preside el Patronato.

Agotada esta vía, los casos de “descuelgue” deberán resolverse entonces en la Comisión Consultiva -hasta ahora, sólo nacional- órgano tripartito con dos representantes de la Administración regional, dos de los sindicatos y dos representantes de las asociaciones empresariales.

Tendrá, además un presidente designado por la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, entre personas de reconocido prestigio en el ámbito laboral y previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Su mandato será de tres años.

Victoria explicó que ninguno de sus miembros tendrá derecho a remuneración por sus funciones ni a cobro de dietas, por lo que la creación de esta comisión no supondrá coste presupuestario para la Comunidad de Madrid.

Sólo se computará gasto en el caso de que la Comisión Consultiva requiera la presencia de un árbitro que dirima la discrepancia a través de un laudo arbitral.

La Comisión Consultiva adoptará los acuerdos preferentemente por consenso entre los miembros o, si esto no fuera posible, por mayoría absoluta de los asistentes.

Victoria recordó que en 2013 se presentaron en la Dirección General de Trabajo 113 inaplicaciones de convenio, lo que supuso un incremento del 62% frente a las del 2012, mientras que el número de trabajadores afectados durante el año 2013 fue de 19.616, un 93% más que en 2012.

En prácticamente todos los casos las causas alegadas por la empresa fueron económicas, y las condiciones de trabajo que se acordaron no aplicar fueron por cuantía salarial y sistema de remuneración.

Todos esos descuelgues, hasta la fecha, lo han sido por acuerdo entre las partes y tan solo dos han ido a la Comisión Nacional.

Victoria aseguró que la creación de esta comisión tendrá una repercusión y un impacto económico positivo en el mercado laboral ya que evitará despidos, especialmente en empresas medianas y pequeñas que se vean obligadas a ajustar los costes laborales ante una situación económica negativa.

“Con la Comisión Consultiva se favorecerá la mejora de la productividad y de la competitividad de las empresas, facilitando su adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado de trabajo”, concluyó.