El sindicato informó en una nota de prensa que ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los afectados y criticó “la incertidumbre” creada con esta decisión.

A su juicio, la limitación de la tasa de reposición del profesorado al 10% ha generado “situaciones rocambolescas en el Sistema Universitario Público Español”.

En ella se apoya Hacienda para impugnar los nombramientos de profesores que han obtenido una plaza de funcionario procedentes del contrato laboral de profesores contratados doctores y de los funcionarios titulares de universidad que han logrado el puesto como catedráticos, explicó UGT.

La plaza ocupada antes del nombramiento ha quedado de este modo amortizada, indicó, y en estos momentos más de 200 profesores “se pueden encontrar en la calle sin ningún tipo de prestación”. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se inhibe del problema alegando que solo controla si las ofertas de empleo público se ajustan a la ley, y el de Educación hace otro tanto asegurando que es competencia de Hacienda.