Fuentes jurídicas destacaron a Servimedia que este es uno de los efectos de la reforma que aún no han tenido efectos concretos, pero que puede tenerlos en el futuro y que avivaría aún más el pulso entre el Ejecutivo y los magistrados de la Audiencia Nacional, que protagonizan una verdadera rebelión contra la reforma.

Para ilustrar sus temores explican, por ejemplo, el caso de Abdelmalek Tanem, de 25 años y nacionalidad francesa y argelina, que fue detenido en Almería el pasado 30 de abril en una operación conjunta de la Guardia Civil y la policía francesa.

Tanem, un yihadista que acababa de regresar a Europa tras combatir en la guerra de Siria, había estado supuestamente integrado en los grupos Jabhat al Nusra y Estado Islámico de Irak y Levante, ambos en la órbita de Al Qaeda, desde octubre de 2013 hasta la fecha de su detención.

Durante ese tiempo habría realizado labores de "combatiente y también de facilitador en la frontera turco-siria con el objetivo de hacer posible que otros ciudadanos europeos se integraran en este grupo yihadista". Tanem es el segundo retornado del conflicto sirio que ha sido detenido en España por la Guardia Civil, tras la detención del ceutí Abdeluahid Sadik Mohamed el pasado 5 de enero.

Tanem estaba reclamado por la justicia francesa y, de hecho, ha sido ya extraditado con su consentimiento, pero de no haber pesado sobre él ninguna orden de detención internacional, habría sido puesto en libertad con toda probabilidad, puesto no es español, ni los hechos que se le imputan han sucedido en territorio nacional, ni hay víctimas españolas, tal y como establece la reforma de la jurisdicción universal.

Las autoridades francesas reclamaron también a la Audiencia Nacional la información en soporte informático que se le incautó al yihadista franco-argelino. Una copia de todo ello le fue remitida al juez galo, mientras que la Guardia Civil sigue estudiando los más de 4.000 gigas de información que tenía acumulados en una carpeta guardada bajo el nombre de 'Yihadisme'.

Bajo estas premisas, España podría convertirse en un buen refugio para activistas de la yihad que estuvieran interesados en eludir la acción de la justicia por hechos cometidos en terceros países. Así ha ocurrido con los 43 narcotraficantes que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto en libertad desde la entrada en vigor de la reforma hasta ahora.

60 COMBATIENTES ESPAÑOLES

Los servicios de Inteligencia de distintos países europeos han detectado ya casos de terroristas que se desplazan desde sus respectivos territorios a Siria para hacer la yihad. Se van con toda la familia y ya hay muchos que están retornando. Los países más frecuentes de origen son Francia y Gran Bretaña, aunque se ha detectado algún caso en España, como el del ceutí Abdeluahid Sadik Mohamed.

La principal preocupación para los países europeos en términos de seguridad son los terroristas que dan el paso de combatir en la guerra civil Siria, integrándose en alguno de los muchos grupos que desde hace ya más de tres años combaten en ese país, incluyendo la filial de Al Qaeda en la zona y que después deciden regresar más ideologizados y con mayor conocimiento de combate para poder perpetrar atentados.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas y el CNI cifran en 60 el número de personas que han abandonado España para combatir en Siria, y aunque hasta el momento sólo hay constancia del retorno de Sadik Mohamed, detenido el pasado enero en el aeropuerto de Málaga, no es descartable la vuelta de otros.

Sadik Mohamed, de 28 años, fue detenido tras bajar de un avión procedente de Estambul (Turquía) tras haber estado enrolado -al menos desde mayo de 2013- en la organización Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL), grupo que, entre otras cosas, secuestró a los periodistas españoles Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Casos como este no representarían ningún problema desde el punto de vista judicial, puesto que al tratarse de españoles sus actos podrían ser encausados por los tribunales sin ninguna cortapisa.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La modificación de la jurisdicción universal en España podría representar alguna que otra dificultad diplomática para España. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, participó el pasado 8 de mayo en una reunión ministerial convocada por las autoridades de Bélgica con el objetivo de profundizar en la colaboración internacional y hacer frente al riesgo creciente de los yihadistas que regresan tras haber permanecido un tiempo en zonas de conflicto.

La preocupación de los socios españoles ser concentra especialmente en los casos de combatientes que proceden de Siria, cuyo número se ha incrementado en los últimos meses, aunque también los hay que retornan de países como Irak, Afganistán o Pakistán.

En esa reunión se trataba de engrasar los mecanismos de colaboración entre miembros de la Unión Europea y otros países. Asistieron responsables de Interior de Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Marruecos, Jordania, Suecia, Túnez, Turquía y Estados Unidos, así como el coordinador antiterrorista de la Unión Europea. Algunos de los asistentes manifestaron a las autoridades españolas su preocupación por la posible influencia de la reforma en estos casos.