Así lo aseguró hoy la coordinadora del Área Jurídico-Económico de la Comisión, Paloma Fabieres, durante la presentación del informe ‘Acceso a la protección. Un derecho humano’, un trabajo que tiene como objetivo principal ajustar las políticas y las prácticas nacionales y europeas a las obligaciones establecidas por los instrumentos europeos de derechos humanos, en particular por el Tribunal de Estrasburgo, en lo que concierne al acceso al territorio y la protección de los inmigrantes.

En el acto, que tuvo lugar en la sede de la Comisión Europea en España, Fabieres expuso que en las fronteras españolas, sobre todo en los últimos meses, se han registrado expulsiones colectivas de inmigrantes llegados a territorio español y dijo que estas expulsiones están “expresamente prohibidas” en el protocolo número cuatro del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

“Las expulsiones colectivas en nuestras fronteras suponen una vulneración en la legislación española, europea e internacional”, criticó Fabieres, ya que según indicó “nadie” se encarga de estudiar la situación de cada persona de forma individualizada, a la vez que tampoco se facilita a los inmigrantes asistencia letrada ni de intérprete, ni se inicia el procedimiento administrativo contemplado en la normativa de extranjería y no se les da acceso al procedimiento de protección internacional. En cambio, denunció, se les expulsa directamente a Marruecos.

En este sentido, la abogada de CEAR, Elena Muñoz, subrayó que la expulsión de estos inmigrantes a Marruecos, país donde no se respetan los derechos humanos, sin facilitarles el acceso al procedimiento de protección internacional vulnera el principio de no devolución incluido en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 de la que España es parte firmante.

ACUERDOS BILATERALES

En estos casos, continuó la abogada, las autoridades españolas suelen invocar la aplicación de los Acuerdos Bilaterales de Readmisión. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recuerda que los Estados partes ‘no pueden evadir sus propia responsabilidad argumentando sus obligaciones dimanantes de acuerdos bilaterales’, ya que según Muñoz, están obligados a no devolver a ninguna persona a un tercer país donde puedan ser sometidos a tortura, trato inhumano o degradante.

Fabieres denunció que en España actualmente se vive una situación de “total impunidad”. “Se ha legitimado por la vía de hecho actuaciones que son ilegales”, agregó, al tiempo que dijo que “la ley española en materia de inmigración es muy garantista, pero no se cumple”.

RECOMENDACIONES

Para evitar que los derechos de las personas inmigrantes que llegan a España se vulneren, CEAR ha elaborado una serie de recomendaciones entre las que se incluyen la suspensión de los retornos forzados de todas las personas procedentes de países en conflicto facilitando su acceso a la protección internacional, e incluir en los procedimientos de denegación de entrada, devolución o expulsión una valoración particular de la situación de derechos humanos del país de destino.

También aconseja que se mejore la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados del control de la inmigración en la detección de personas con necesidad de protección internacional, de víctimas de trata de seres humanos y de otros perfiles vulnerables.