Así lo aseguró este sábado el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, en la visita que realizó a la entidad de acción voluntaria ‘Amigos de Burro’, dedicada a la protección de este animal. El consejero estuvo acompañado por un grupo de 80 menores tutelados del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM), que residen en alguno de los 85 centros infantiles autonómicos.

El consejero dijo que las actividades de voluntariado ambiental sirven para que los madrileños se involucren cada vez más en la protección de los entornos de la región, al tiempo que destacó la labor que realizan los más de 40 voluntarios que colaboran con ‘Amigos del Burro’. Subrayó que sin estos colaboradores “no se podría atender a tantos animales como hay en este centro”.

Desde su creación en el año 1996, esta entidad de acción voluntaria ha recuperado a más de 300 animales, garantizando su cuidado y bienestar.

VOLUNTARIADO MADRILEÑO

La Comunidad de Madrid cuenta con más de 150.000 voluntarios, que participan en las más de 1.100 entidades de voluntariado que están dadas de alta en la base de datos que gestiona la Consejería de Asuntos Sociales.

Dentro de esas entidades de voluntariado, las medioambientales son, en la actualidad, una de las que más incremento está teniendo en cuanto a petición de información para colaborar con ellas, en especial por parte de la población más joven.

Fermosel recordó que, al margen del voluntariado ambiental, en la región también se pueden realizar actividades de voluntariado cultural o deportivo “ayudando a quienes más lo pueden necesitar, como niños, personas mayores, enfermos o personas con discapacidad”, indicó el consejero

El perfil de los voluntarios madrileños es el de una mujer de entre 18 y 35 años, que estudia en la Universidad y que reside en Madrid capital, aseguró el responsable de Asuntos Sociales.

En relación a los menores tutelados que acompañaron al consejero en su visita, Fermosel manifestó que en la región viven más de 4.000 niños que están bajo alguna medida de protección del Gobierno regional, en tutela o en guarda. Recordó que de esos menores, el 60% vive en acogimiento familiar, mientras que el 40% restante en algunas de las residencias regionales.