Defensa se refiere a esta cuestión en una respuesta que ha enviado al Congreso, donde el diputado del PSOE German Rodríguez había preguntado qué actuaciones estaba llevando a cabo defensa para cumplir una proposición de ley aprobada por la Cámara Baja en abril de 2013.

En concreto, la proposición, que fue planteada por el PP y apoyada por el PSOE, se refería a la posición que debía adoptar el Gobierno sobre “la información de instalaciones sensibles para la seguridad nacional obtenida de satélites cartográficos y accesible a través de fuentes abiertas o de acceso limitado”.

Los socialistas consiguieron que los populares aceptaran una enmienda, que pedía al Ejecutivo “realizar un estudio sobre los efectos, como fuente de información abierta, de los sistemas de cartografiado disponibles a través de los medios telemáticos”. Este estudio debería, también, analizar “el grado de información que se puede obtener, a través de estos medios, sobre instalaciones de interés para la seguridad nacional y las infraestructuras críticas”.

“ESTUDIOS PREVIOS”

A este respecto, en la respuesta enviada ahora por el Gobierno al Congreso, se explica que Defensa “ha llevado a cabo estudios previos para definir el alcance” de la cuestión de la difusión de mapas e imágenes de satélites que pueden afectan a la seguridad de España.

En este sentido, el departamento que dirige Pedro Morenés añade que esta materia “ha sido tratada en el ‘grupo Espacio-Defensa’”, creado en el seno del Gobierno y la Administración, donde el ministerio responsable de las Fuerzas Armadas “expresó la necesidad de implantar una política de datos espaciales nacional”.

En este sentido, el Ejecutivo concluye que esta cuestión también se tratará en el marco de la puesta en funcionamiento del “satélite Paz”, que está desarrollando España. En concreto, la contestación parlamentaria alude a que “el acuerdo cooperativo específico a desarrollar para la explotación del ‘satélite Paz’ incluirá previsiones para establecer los mecanismos de control a la distribución de imágenes que puedan afectar a los intereses de la política exterior y de seguridad de España”.