Victoria dijo que “el servicio de ayuda a domicilio incluye un conjunto de actuaciones para atender las necesidades en la vida diaria de las personas en situación de dependencia por alguna discapacidad o por ser mayores”. “Este servicio, que cuenta con un programa de atención individual, según cada caso, contempla esta atención personal”, añadió.

Asimismo, señaló que la gestión se realizará mediante servicios relacionados con la atención personal, que tienen carácter prioritario y deben suponer, como mínimo, el 50% de la intensidad reconocida en el Programa Individual de Atención (PIA).

Entre estos servicios se incluye el apoyo a la higiene personal y a la movilización en el hogar, el adiestramiento que potencie la autonomía, la compañía para evitar situaciones de soledad y aislamiento, o el acompañamiento fuera del hogar cuando resulte imprescindible para posibilitar la participación del usuario en actividades educativas, terapéuticas y sociales.

Además, se realizarán gestiones diversas como ir al médico y tramitación de documentos, entre otras.

También habrá servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar, que tienen carácter complementario y solo podrán prestarse conjuntamente con las anteriores.

Entre estos servicios se incluye la ayuda a la limpieza cotidiana de la vivienda, la preparación de alimentos y el lavado o el planchado de la ropa.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó también un gasto de 2.452.905 euros, correspondiente al convenio firmado entre el Gobierno regional y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para personas dependientes y no dependientes, en los municipios de la región, excepto en Madrid capital, en el segundo semestre de 2014.

“Este convenio no sólo define la zonificación territorial y las prescripciones técnicas a las que debe ajustarse la ejecución del servicio, sino que también atribuye a la FEMP la gestión del servicio de teleasistencia y la contratación de las empresas o entidades que lo lleven a cabo”, dijo Victoria.

El importe total del convenio asciende a 3.573.923 euros, de los que la Comunidad de Madrid financia 2.452.905 euros y el resto lo pagan las entidades locales.