Así se recoge en un informe elaborado por el Cermi sobre las principales referencias a las personas con discapacidad y al tercer sector, en el que aprecia la inclusión en el Programa Nacional de Reformas del año 2014 de referencias “bastante relevantes”, lo que “indica la progresiva receptividad que tienen las propuestas del Cermi y, en general, del tercer sector, y el buen resultado del diálogo entablado con la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno”.

El Cermi se refiere a la recomendación relativa a los grupos con mayores dificultades en el mercado trabajo y al problema de la exclusión social en España, que aparece entre los grandes problemas que debe resolver la sociedad española en los próximos años, “por lo que sitúa a las personas con discapacidad en la principal agenda política”, señala.

También destaca que entre los objetivos fijados en el Programa, también se hace referencia a los problemas de las personas con discapacidad. Entre ellos, destaca la lucha contra la pobreza y la exclusión social, prestando especial atención a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, como las personas con discapacidad. Para atender a las particularidades que presenta este colectivo, se han adoptado el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020 y el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

EMPLEO Y PENSIONES

En cuanto a las reformas adicionales y uso de los Fondos Estructurales, dentro de una de las cinco reformas que se proponen, se recoge el fomento del crecimiento y la competitividad actual y futura y la lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis, incluyendo menciones muy importantes a la discapacidad, todas ellas incluidas en la agenda de reivindicaciones del Cermi, como los temas de la contratación pública, el papel de los Centros Especiales de Empleo y la activación del empleo, flexibilizando el régimen de compatibilidad entre pensiones y trabajo.

Asimismo, se incluye que de manera transversal se adoptarán medidas para la inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en los entornos formativos y que se seguirán desarrollando actuaciones dirigidas a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo.

En el caso de las personas con discapacidad, estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020. Las medidas enmarcadas en este Plan de Acción se verán complementadas por el refuerzo de la reserva de un 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, estableciendo su cumplimiento como requisito imprescindible para la adjudicación de contratos y el acceso a subvenciones públicas.

En esta línea, también se recogen como medidas complementarias el fomento del papel desempeñado por los Centros Especiales de Empleo que ocupan a personas con discapacidad, estableciendo una reserva en la contratación pública en favor de estos centros y resolviendo los problemas que se plantean en la sucesión de contratas en que intervienen dichos centros y la reforma del régimen de compatibilidad de la pensión no contributiva de invalidez con el trabajo.

TERCER SECTOR

En cuanto a las aportaciones del tercer sector, el Cermi considera que han tenido una buena acogida y explica que en el Programa Nacional de Reformas 2014 han quedado recogidas muchas de las propuestas y recomendaciones presentadas por el Tercer Sector de Acción Social, como la incorporación del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, así como la Estrategia Española sobre Discapacidad. Todos estos instrumentos persiguen el apoyo a los colectivos más vulnerables en los ámbitos de la educación, sanidad, empleo y servicios sociales.

Del mismo modo, está en estudio la modificación de la Ley de Contratación Pública para reforzar la reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad. Esta medida se verá complementada con otras actuaciones dirigidas a facilitar la incorporación de este colectivo en el mercado laboral.

Además, se recogen las orientaciones sociales, de inclusión social y de lucha contra la pobreza de los Fondos Estructurales: para el periodo 2014-2020 España ha programado 1.669 millones de euros del FSE y 363,8 millones del Feder dentro de la promoción de la inclusión social, lucha contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.