Esta federación recuerda que ya había señalado que "estas tasas vulneraban claramente la legislación vigente y penalizaban a las personas mas enfermas y con menos ingresos dificultando su acceso a las prestaciones farmacéuticas, en muchos casos medicaciones imprescindibles para su vida".

Asimismo, solicitó la dimisión de los responsables de la puesta en marcha de estas tasas ilegales, especialmente en el caso del presidente de la Comunidad de Madrid "por su empecinamiento en poner en marcha esta tasa cuando el TC ya la había suspendido cautelarmente en Cataluña".

Por último, insta a la Fiscalía a que investigue si los políticos que pusieron en marcha esta medida han podido incurrir en un delito de prevaricación.