“El desarrollo de las redes y su importancia para el avance de la sociedad de la información impone que el servicio universal sea ampliado para incluir el acceso a Internet con una velocidad mínima de 1 Megathit, ampliable a medida que mejora la tecnología”, defiende IU.

IU quiere que la implantación de este servicio universal gratuito se lleve a cabo “priorizando los territorios y capas sociales más desfavorecidos” y que incluya una “ayuda integral” para la incorporación de estos sectores a la sociedad de información.

Dicha ayuda implicaría “créditos a largo plazo sin intereses para la adquisición de ordenador y cursos gratuitos de informática e Internet”.

Otra de las propuestas de IU pasa por el “fomento del software libre”, de manera que se establezca el “uso preferente de programas de código fuente abierto en las administraciones públicas” y se superen “situaciones monopolísticas de dependencia tecnológica”.

IU se opone en su programa a la “implantación de patentes de software, por favorecer a las grandes multinacionales del ramo y a los grandes bufetes multinacionales” y perjudicar al movimiento del software libre.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Además, apuesta por modificar el “sistema de defensa de la propiedad intelectual que actualmente se realiza a través de la implantación del llamado canon digital” y propone buscar “alternativas más justas en beneficio del interés general”.

También aboga por un “cambio profundo del modelo vigente de propiedad intelectual”, ya que “se ha convertido en un instrumento de maximalización del beneficio de grandes empresas de carácter multinacional”.

Otra de las propuestas pasa por la “no penalización del libre intercambio de archivos siempre que no tenga un fin lucrativo” y el “apoyo al derecho a la copia privada”.

Asimismo, propone la “digitalización de los fondos culturales e históricos propios de la Administración General del Estado y su puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la web”.

IU quiere que se permita “la descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales” y que la publicación de los mismos se realice mediante “licencias libres que aseguren una difusión sin las restricciones que impone el actual modelo de propiedad intelectual”.