González indicó que el Ayuntamiento de Rivas, pese a estar informado puntualmente desde el inicio y ser requerido como el resto de afectados en este asunto, no formuló ninguna alegación o sugerencia al último borrador que le fue remitido el pasado 9 de diciembre.

Indicó que este acuerdo supone el inicio de actuaciones en la Cañada Real Galiana, con el objetivo de solucionar de manera definitiva la situación alegal de los vecinos que residen en la zona desde hace más de medio siglo.

En él se recogen los planes de intervención en materia social, urbanística, de vivienda y jurídica que se deberán llevar a cabo en la zona para normalizarla y reorganizarla.

González destacó que el texto recoge también como anexo el Protocolo de Seguridad firmado con la Delegación del Gobierno el 6 de febrero de 2013, y cuyas actuaciones en materia policial se iniciaron a partir de esa fecha conforme a lo estipulado en dicho plan.

Asimismo, explicó que la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de la Cañada Real y la regularización de las viviendas de las personas censadas son dos de los pilares fundamentales del acuerdo firmado hoy.

Informó de que el 100% de los vecinos residentes en la Cañada, y recogidos en el censo, va a tener acceso a la propiedad de su vivienda siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad.

Además, añadió, se va a establecer un mecanismo de realojo para los vecinos cuya vivienda no cumpla las condiciones mínimas, y para aquellas familias censadas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad.

Dijo que, según el censo elaborado por la Comunidad, hay en esa zona 7.725 habitantes entre los seis sectores en los que se divide la Cañada Real y que “para alcanzar este acuerdo, la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo más de 150 reuniones con los ayuntamientos, con la Administración General del Estado, con las asociaciones de vecinos y con las entidades sociales que trabajan en la Cañada Real”.

El acuerdo, que otorga una importancia prioritaria a las actuaciones en materia social, desarrollará un Plan Integral de Actuación Social en el que participarán la Consejería de Asuntos Sociales, los ayuntamientos, el Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS) y las entidades sociales y vecinales.

Para ello, se creará una mesa social de carácter permanente, encargada de elaborar el plan de intervención social y el seguimiento del mismo.

El trabajo en esta materia se ha estructurado en un área educativo-laboral, con el objetivo principal de concienciar a la población de Cañada de la necesidad de participar en todos los niveles educativos, porque es de importancia fundamental para su formación y posterior acceso al mercado laboral.

Además se aborda el área social y comunitaria, cuyo fin es mejorar las relaciones entre los vecinos, fomentando la cohesión social y territorial que proporcione la integración de los distintos grupos, colectivos y etnias que conviven en Cañada.

Y, finalmente, el área sanitaria, que persigue mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad de la zona tanto de las viviendas como de la zona en su conjunto, haciendo especial hincapié en los programas antidroga.

El objetivo esencial en estas materias es la de ordenar urbanísticamente y socialmente la zona, consolidando el mayor número de residentes y viviendas, conforme a la legislación y con pleno respeto a la potestad urbanística municipal.

A tal fin, se creará una entidad u órgano que integre a todas las administraciones implicadas, con todas las competencias necesarias para acometer la actuación en su conjunto desde el proyecto de urbanización hasta el realojo de las familias que no puedan quedarse en la zona.

En el denominado sector 6, dada su complejidad, la proximidad a Valdemingómez y al parque Regional del Sureste, y debido a la necesidad de actuar primero socialmente, se llevará un proceso diferenciado y más prolongado en

el tiempo, destinándose estos suelos a aquellos usos que sean viables conforme a las condiciones y situación de los terrenos.

“Se van a mantener la mayoría de viviendas y locales que hay en la actualidad, pero como ya he explicado en otras ocasiones, no se van a mantener las infraviviendas existentes, ni las viviendas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco los locales comerciales e industriales, que no cumplan las mínimas condiciones de seguridad y no puedan adecuarse a la normativa correspondiente”, aseguró González.

Por otra parte, Ana Botella dijo que hoy es un “día importante para todos”, porque "es el principio del fin de un problema estructural enquistado en nuestra región desde hace más de 30 años”.

Afirmó que “fuimos de los primeros ayuntamientos en elaborar el censo de finca y ocupantes de la Cañada” y destacó que el Ayuntamiento de Madrid suspendió el pasado año los derribos en esa zona para “generar un mejor clima social”.

El alcalde de Coslada, Raúl López, dijo que hoy es un “magnífico día” y señaló que la firma del acuerdo es “un `paso importante”, ya que “empieza un nuevo horizonte”.