En total, el condenado, José G. se hizo con un botín de casi un millón de euros. Tras recurrir la sentencia que le había sido impuesta por el Audiencia Provincial de Barcelona, que le condenó a siete años y un día, el Supremo le ha condenado a seis años y un día por un delito contiuado de estafa al que se aplicaron indebidamente dos agravantes.

Según la sentencia, este hombre, que ya tenía antecedentes por estaba, montó una trama para ofrecer viviendas de protección oficial fingiendo que tenía contactos con el Ayuntamiento para que sus clientes resultaran adjudicatarios.

Sus víctimas llegan a 60 personas, principalmente jóvenes, que aspiraban a hacerse con su primera vivienda y que firmaron con él contratos que garantizaban la devolución del dinero adelantado en caso de no produjese la adjudicación.

El estafador sostuvo ante el Supremo que no "indujo a error" a sus víctimas, ya que la más “mínima diligencia” debería haberles llevado a una actitud “más cautelosa".