Torres-Dulce realizó estas declaraciones en la Comisión Constitucional del Congreso, donde están compareciendo responsables públicos y expertos para mejorar la legislación española en lo que se refiere a la regeneración democrática y a la lucha contra la corrupción.

Respecto a si es suficiente que los políticos procesados dimitan cuando se señala juicio, el fiscal general dijo que “no conviene olvidar que algunos hechos delictivos con respecto a una tipología delictiva son tan especiales con respecto a la participación pública o política de esa persona que, quizás, en esos casos, sería necesario algún tipo de medida cautelar". Añadió que quizás en esos casos habría que hacer esa "reflexión anticipadamente”, en referencia a que los políticos deberían a lo mejor renunciar antes su marcha.

Sin embargo, Torres-Dulce defendió que, en líneas generales, el político imputado abandone el cargo público “en el momento de la vista del juicio oral”. “Esa regla general me parece bastante conveniente”, al tiempo que apeló a la necesidad de que haya una “percepción de moral estética” por parte de la clase política.

LEYES "ENREVESADAS"

Torres-Dulce denunció igualmente que “la legislación es manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes” y cuestionó los tiempos y los medios de la Justicia.

“La maquinaria es lenta, pero no se detiene. Es una apisonadora que circula con lentitud”, reconoció para defender que la queja de los ciudadanos no puede ser “la impunidad de estas causas”.

Torres-Dulce reclamó, en este sentido, que se adscriban a la Fiscalía "otros funcionarios especializados de la Administración” cuando sea necesario, sin que el auxilio judicial se convierta en una "carga añadida ni el desempeño de su función de auxilio" y que tampoco le perjudique económicamente.

PERCEPCIÓN CIUDADANA

El fiscal general del Estado llamó la atención, además, a los diputados a tener en cuenta y tratar de corregir la opinión extendida entre la ciudadanos de que “la justicia no trata igual al poderoso que al resto y que existe ideología en la respuesta judicial”.

“Es una opinión extendida entre la ciudadanía que la justicia no trata igual al poderoso que al resto y que existe ideología en la respuesta judicial a la vista de los ejemplos que existen para realizar dicha consideración. Seamos sinceros y admitados esta afirmación”, reclamó.

El fiscal general del Estado hizo mención a la Memoria de la Fiscalía de 2013 para recordar que, entre 2010 y 2012, los delitos de corrupción, como son prevaricación administracion, cohecho, malversación y fraudes comunitarios, “se incrementaron en un 17%”, con una clara preponderancia del delito de prevarización administrativa que supone el 23%.

Además, apuntó a que las sentencias dictadas se incrementaron en un 151% en ese periodo y advirtió de que las de prevaricación administrativa suponen el 44% del total y las de malversación de caudales públicos el 39%.

REFORMAS PARCIALES

Torres-Dulce también reclamó que si no da tiempo a hacer una reforma total de la Ley de enjuiciamiento criminal si haya “tiempo para hacer reformas parciales”.

En este sentido, llamó a modificar el estatuto de imputación de cargos públicos, a eliminar los recursos interlocutorios en la primera instancia y a regular de forma armonizada con las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos las interceptaciones telefónicas. “Hay consenso suficiente, son reformas importantes”, apuntó.

Igualmente, llamó a acelerar las ejecuciones de las sentencias. “No habla nadie del agujero negro de las ejecuciones en las sentencias y de unas buenas penas alternativas”. “Estoy de acuerdo con las penas de inhabilitación”, aseguró.