Lo hizo en una conferencia que pronunció en el 'Diario Córdoba', donde señaló que "hay gente que tiende a sorprenderse o a escandalizarse cuando se ponen de relieve determinadas diferencias entre los socios de un Gobierno", olvidando que una coalición "presupone la existencia de dos partidos diferentes, con ideas y proyectos distintos", por lo que "nada tiene de extraño que puedan surgir interpretaciones distintas a la hora de gestionar problemas", incluso "contrapuestas".

No obstante, a ella le parece que lo importante es solucionar las diferencias con diálogo. "Hasta ahora ha sido así, aunque no les niego que en este caso han saltado chispas que nos deben servir para que todos tomemos buena nota de manera que este tipo de situaciones no se repitan", reflexionó.

Eso sí, Díaz se reafirmó en su posición anterior al restablecimiento de las competencias sobre vivienda pública en la consejera de Vivienda, Elena Cortés, de IU, al reiterar que ella es "la presidenta de todos los andaluces y de todas las andaluzas. De los que protestan más y los que protestan menos".

La presidenta señaló como principios irrenunciables la igualdad y la legalidad y dijo que le "llama la atención cómo se pretende enfrentar a uno y otro principio", cuando "el principio de legalidad es el que garantiza la igualdad entre los ciudadanos". En esa línea, proclamó que "la ley siempre ha de cumplirse, porque si no se cumple entramos en un terreno peligroso del que se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale".

Con esta aseveración, Díaz pareció criticar tanto los procedimientos de ocupación de pisos que caracterizaban a la Corrala Utopía como el que Cortés diera a sus miembros prioridad para el realojo por delante del resto de solicitantes de vivienda pública que aguardaban en lista de espera.

Por último, la presidenta andaluza expresó su "más rotunda discrepancia con el auto del Tribunal Constitucional que mantiene la suspensión de determinados artículos de la Ley de la Función Social de la Vivienda" aprobada por el Gobierno de su predecesor, José Antonio Griñán, y pidió al Gobierno central que retire el recurso que ocasionó dicha suspensión.