El nuevo método sustituirá a la actual autoliquidación, en la que son las propias empresas las que deben calcular las cotizaciones sociales que deben abonar a la Seguridad Social por sus trabajadores, exponiéndose de ese modo a errores de cálculo o de interpretación de normas que en muchos casos son complejas.

Situaciones que acaban derivando en una gestión más farragosa, en mayor litigiosidad y, en el peor de los casos, en mayores costes para la empresa por la aplicación de recargos por pago fuera de plazo, que pueden llegar al 20%.

"El objetivo es acabar con esa complejidad y minimizar los errores que se producen en el momento de liquidar las cotizaciones con el actual sistema", subrayó el director general de Tesorería de Seguridad Social, Francisco Gómez Ferreiro, en el transcurso de una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Esos errores van desde la asignación incorrecta de las cotizaciones que se deben abonar en los procesos de Incapacidad Temporal a la aplicación errónea de tipos de cotización por accidentes de trabajo, desempleo o trabajo a tiempo parcial según la situación particular de cada trabajador.

La casuística, según admitió Gómez Ferreiro, es amplísima y también alcanza a casos en los que las empresas pudieran no estar aplicándose por desconocimiento bonificaciones fiscales que sí tendrían derecho a disfrutar.

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Con el nuevo Sistema de Liquidación Directa será la Tesorería General de Seguridad Social la que se responsabilizará de incorporar toda esa casuística al cálculo de las cotizaciones sociales que deberán pagar las empresas.

El reto es titánico. No sólo porque se trata de miles de millones de datos sobre cotizaciones sociales, sino porque supone modificar el modo en que liquidan sus cotizaciones sociales nada menos que 1,3 millones de empresas y porque implica calcular una a una la cotización que corresponda a 13 millones de trabajadores.

Para conseguir que ese cálculo sea lo más fiable posible, la Tesorería General de Seguridad Social utilizará toda la información disponible a su alcance, no solo la propia sino también la de otros organismos públicos, como el Servicio Público de Empleo Estatal, la Agencia Tributaria, las haciendas forales, las mutuas o el resto de entidades gestoras del sistema, como el Instituto Nacional de Seguridad Social.

Con toda esa información en su mano, la Tesorería de Seguridad Social realizará un cálculo "trabajador a trabajador" de las cotizaciones sociales que corresponde pagar a cada empresa en función de las características de su plantilla y elaborará una factura que comunicará, en una primera fase, a todas las empresas que así se lo soliciten y, en última instancia (según sus previsiones en el transcurso de 2015), a todas las empresas dadas de alta en el Régimen General.

En este sentido, la lógica del sistema se asemeja un tanto a la del borrador de Declaración de Renta que con tanto éxito lanzó la Agencia Tributaria hace ya algunos años. La Tesorería realizará en función de la información de que dispone un cálculo de las cotizaciones sociales que debe pagar cada empresa y les facturará en consecuencia. Luego, éstas podrán bien confirmar esa información y pagar la factura, o bien corregirla, si algún dato fuera erróneo. Todo este proceso se realizará de manera telemática, con el ahorro en tiempo y papeleo que ello implica.

Y no sólo para las empresas. La Tesorería de Seguridad Social confía en que la puesta en marcha del sistema digitalice las "decenas de miles de datos sobre cotizaciones que se nos siguen presentando en impresos de papel por la vía tradicional y que luego tenemos que escanear", y también encauce a la vía telemática la incidencias que todavía se resuelven de forma presencia en las oficinas que la Tesorería tiene repartidas por toda España.

Gómez Ferreiro mostró su confianza en que de este modo se aligere la carga de trabajo del Departamento de Gestión y se liberen recursos humanos para destinarlos a la lucha contra el fraude.

13 MILLONES DE NÓMINAS

Sobre el momento en que estará disponible este servicio, el director general de la Tesorería de Seguridad Social indicó que los plazos todavía no están cerrados.

"El anteproyecto de ley está muy avanzado, ya lo hemos sometido al criterio de los agentes sociales y éstos ya nos han hecho llegar sus aportaciones. En las próximas semanas lo queremos llevar al Consejo de Ministros", aseguró el director general de la Tesorería.

En principio, la idea es que a partir del próximo mes de julio las grandes empresas en que se ha venido ensayando la aplicación práctica de este sistema, entre las que se encuentran BBVA, Mercadona, Inditex o El Corte Inglés, comiencen ya a operar con él de forma habitual.

Entre los meses de septiembre y octubre se llevaría a cabo una campaña informativa para informar a las empresas de la puesta en marcha con carácter obligatorio de este sistema a partir de 2015 y ya aquellas que quisieran podrían empezar a operar con el mismo, recibiendo de forma automática sus 'borradores de liquidación'.

Sería ya a partir de enero de 2015 cuando se abriría de forma oficial la implantación progresiva de este nuevo Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones, primero entre las empresas que así lo decidieran de manera voluntaria, hasta extenderlo durante el transcurso del año a todas las empresas del Régimen General.