Joan Coscubiela, diputado de ICV y miembro en el Congreso del grupo parlamentario La Izquierda Plural, se pronunció sobre este asunto en un encuentro informativo con Servimedia, donde sostuvo que habitar viviendas vacías es “absolutamente legítimo” en determinadas ocasiones.

Coscubiela defendió la actuación de la consejera Cortés, puesto que lo que ha hecho es ceder viviendas públicas de Andalucía a diez familias desalojadas que, según los tribunales, están en riesgo de exclusión social. No obstante, Díaz no comparte este criterio y ha suspendido las competencias de su consejera, al entender que el procedimiento de realojo en este caso no es el correcto.

A este respecto, el diputado de ICV sostuvo que la presidenta andaluza “ha resbalado” y ha cometido un “patinazo” en este asunto, puesto que lo que ha hecho su responsable de Fomento y Vivienda es realojar a unas familias como le planteaba el juez.

FERNÓMENO “BRUTAL”

Coscubiela insistió en que Díaz ha cometido un “error” porque no ha tenido en cuenta el “conflicto” existente en este caso entre el derecho a la propiedad y a la vivienda. No obstante, se mostró convencido de que la situación se reconducirá en el Gobierno andaluz, puesto que, en su opinión, es necesario que se mantenga la coalición entre PSOE e IU.

Asimismo, este parlamentario dijo que el “derecho a ‘okupar’” es “perfectamente legítimo” en determinados supuestos. Indicó que esto se produce cuando el derecho a la vivienda no está siendo “garantizado”, al tiempo que la propiedad privada de pisos no está cumpliendo su “función social”.

Añadió que en España se ha producido un fenómeno “brutal”, que radica en el hecho de que “la vivienda ha pasado de ser un derecho social reconocido en la Constitución a ser considerada una mercancía y después, incluso, un producto financiero refugio de altísima rentabilidad donde venían a invertir capitales limpios, oscuros y criminales de todo el mundo”.

“Se ha prostituido el propio concepto del uso a la vivienda y del uso social de la propiedad privada”, aseguró este diputado, quien sostuvo que las leyes tienen que garantizar que los ciudadanos tengan un lugar dónde residir.

Al mismo tiempo, reclamó que las viviendas públicas que el Estado ha acumulado tras el saneamiento de los bancos y las cajas pasen a integrar un “parque público de alquiler” de inmuebles, que sea gestionado por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos.