Así se recoge en una proposición no de ley que mañana, martes, CiU defenderá en la Comisión de Educación del Congreso.

En este texto, CiU propone crear un grupo de trabajo formado por miembros del Ministerio de Educación y comunidades autónomas para plantear alternativas a los problemas y desigualdades actuales en la concesión de este tipo de ayudas.

Según el portavoz de CiU, Martí Barberà, ello resultaría “mucho más justo y equitativo”, y respondería a “las necesidades reales del alumno, a la distancia geográfica real y a la situación económica de la familia”.

En la actualidad, las ayudas de transporte y comedor están reguladas en la Ley Orgánica de Educación de 2006, que establece su carácter básico para todos aquellos alumnos que deban desplazarse a otro municipio a estudiar. Esto deja fuera a los estudiantes que deben desplazarse entre pueblos dentro del mismo municipio y, además, supone la concesión de ayudas sin tener en cuenta la renta de las familias, indica esta formación política.

CiU ya presentó una proposición de ley con la que pretendía modificar la Ley Orgánica de Educación para acabar con el carácter básico de esta norma y permitir a las comunidades fijar los criterios a seguir en la concesión de forma más acorde a sus necesidades, que fue ampliamente rechazada.