El Ejecutivo comunitario ordena a España la devolución de los 8,59 millones tras la “negligencia observada en la recuperación de una deuda” y por la “incorrecta” comunicación de irregularidades.

Además, la Comisión reclama un importe total de 318 millones que, perteneciendo a los fondos asignados a la política agrícola de la UE, han sido gastados “indebidamente” por los Estados miembros.

En concreto, además de a España, la Comisión ha sancionado a Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Reino Unido.

El país galo es el Estado miembro que deberá devolver una mayor cantidad, de más de 250 millones por deficiencias en la asignación de derechos y por ciertos gastos no subvencionables, entre otros motivos.

No obstante, dado que ya se ha recuperado de los 318 millones reclamados una parte, la incidencia financiera final de la decisión de la Comisión se elevará a unos 315 millones.

Además, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) contra una decisión anterior de la Comisión, se reembolsarán 2,11 millones a Italia.