Castilla y León se suma con esta declaración a las ya establecidas en Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha. Asimismo, Navarra aprobó en 2010 una declaración institucional con la que reconocía la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Fuera de España, Francia inscribió las corridas de toros como patrimonio cultural inmaterial por considerar que estos espectáculos constituyen un aspecto significativo de la historia. Incluso el país galo impulsa su reconocimiento por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, objetivo que también persigue el Plan estratégico nacional de fomento y protección de la tauromaquia (Pentauro) y la propia Ley de la Tauromaquia de 2013.

La comunidad, según ha comunicado su Consejería de Cultura y Turismo, considera que la tauromaquia “forma parte del patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional de Castilla y León y como medio para preservar los valores artísticos y culturales de la fiesta de los toros así como impulsar las actividades económicas asociadas a ella, especialmente la turística”.

La declaración tiene por objeto “la protección y salvaguarda” de esta manifestación cultural que se remonta al siglo XVIII. La declaración, concreta la Junta, está dirigida “fundamentalmente” a las corridas de toros y “el arte de la lidia del toro”. Para la declaración como BIC, el Gobierno castellano y leonés, además de subrayar su influencia cultural y ecológica, también se apoya en su relevancia económica.

Según los datos que maneja la Junta, la tauromaquia es el segundo espectáculo de masas en España, después del fútbol, y cada temporada asisten a las plazas de toros alrededor de 60 millones de espectadores. En 2013 aumentó el número de espectáculos taurinos respecto a 2012 y Castilla y León fue la segunda comunidad autónoma con mayor número de festejos taurinos y populares, con 2.196.

Asimismo, se estima que el sector generó en 2011 más de 416 millones de euros de gasto o impacto económico directo y que el impacto económico indirecto e inducido ascendió a 837 millones de euros. La aportación del sector representa aproximadamente el 1,5 % del PIB autonómico.