En este sentido, Sonia Gumpert, vicepresidenta del CGAE, sostuvo hoy que el citado proyecto de ley tiene “graves consecuencias” para las unidades familiares monoparentales, “ya que antes de la reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, mientras que ahora se reduce a 12.780 euros”.

Esto supone que los solteros o ancianos que antes ingresaban sobre 14.000 euros anuales no podrán disponer de justicia gratuita cuando se apruebe la nueva ley, ya que entonces el máximo permitido será de 12.780 euros.

A este respecto, los abogados destacaron el incremento de unidades familiares de una sola persona que se está produciendo ahora en España, “por lo que este sector se ve notablemente afectado” a la hora de solicitar justicia gratuita.

“ENGAÑOSO”

Además, Gumpert cuestionó el proyecto de Ley de Justicia Gratuita “por perjudicar a ciudadanos y abogados adscritos al turno de oficio”. Asimismo, dijo que la futura ley “quiebra el criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a justicia gratuita al extender este derecho a algunos colectivos y empresas al margen de sus recursos económicos”.

Gumpert ha subrayado que “el texto del proyecto de Ley de Justicia Gratuita ha perdido la oportunidad de incluir la mediación como alternativa en la solución de conflictos” y destacó el hecho de que “se excluya el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) que descargaría de forma importante el número de litigios a resolver entre ciudadanos”.

Esta representante de los letrados insistió en tildar de “engañosos” los nuevos importes establecidos por este proyecto de ley para el acceso a la justicia gratuita. “Este proyecto de ley no resuelve los problemas reales de los ciudadanos y perjudica la actual prestación de este servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana”, señaló Gumpert.

Por otra parte, se refirió a que “la norma en tramitación supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del turno de oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia”.