En concreto, el máximo representante del Ministerio Público dictó el pasado martes una instrucción por la que ordena a todas las fiscalías provinciales la creación del número de departamentos necesarios para atender "las necesidades que exige el seguimiento permanente de los asuntos relativos a las discapacidades".

La instrucción de Conde-Pumpido ordena que las fiscalías provinciales dediquen al menos dos fiscales a esta materia "para garantizar la continuidad y la especialización en el funcionamiento" del Ministerio Público en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El objetivo de que cada departamento provincial designe al menos dos fiscales especializados en materia de discapacidad es "dar continuidad al tratamiento de los asuntos", sobre todo de cara a las posibles suplencias por vacaciones, permisos o vacantes.

Además, la orden del fiscal general del Estado establece que se debe procurar que estos asuntos sean despachados siempre por los fiscales especialistas, "evitando un reparto indiscriminado o aleatorio entre todos los fiscales".

Si las circunstancias –acumulación de señalamientos, distancia en los desplazamientos a los órganos jurisdiccionales- obligan a que sean otros fiscales los que asistan a las vistas en las que se trate asuntos relativos a la discapacidad, siempre deberán seguir los criterios e indicaciones fijados por los fiscales especializados.

La necesidad de crear estos fiscales especializados se debe a "las numerosas controversias dirimidas en el orden jurisdiccional civil que reclaman la presencia obligada del Ministerio Fiscal, entre cuyas funciones constitucionales figura la de velar por la defensa de los intereses de las personas con discapacidad".

Por último, la instrucción establece que los acuerdos de las Juntas de Fiscales en materia de personas con discapacidad y tutelas deben ser remitidos al fiscal jefe de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y al delegado del Fiscal General del Estado para la jurisdicción civil para la "supervisión, coordinación y unificación en esta materia".

En definitiva, con está instrucción se pretende que cada fiscalía provincial garantice "la debida atención especializada a los derechos e intereses de las personas con discapacidad".