La Cámara Baja aprobó este jueves la nueva ley con las enmiendas que se habían introducido en el Senado, parte de las cuales fueron pactadas por PP y CiU. Tras el acuerdo entre estas formaciones políticas, los vigilantes privados sólo podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas policiales cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".

Además, la ley aprobada por el Congreso, tras las modificaciones acordadas por convergentes y populares, incluye que los vigilantes podrán anotar los datos personales de los detenidos pero, a diferencia del proyecto inicial de Interior, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.

Durante el debate de este jueves en la Cámara Baja, el diputado del PSOE Antonio Trevín sostuvo que esta nueva ley consolida el concepto que, a su juicio, tiene el Gobierno de Mariano Rajoy, en el sentido de que “el que quiera seguridad que se la pague”.

“OPORTUNIDAD DE NEGOCIO”

Según Trevín, “no todos los españoles van a tener a partir de ahora el mismo nivel de seguridad” y acusó al Ejecutivo de convertir la seguridad “en una oportunidad más de negocio”.

Por su parte, Jordi Jané, de CiU, destacó que la negociación de su fuerza política con los populares ha permitido corregir algunos planteamientos iniciales del Ministerio del Interior. Apuntó, en este sentido, que la vigilancia privada en los alrededores de recintos abiertos requerirá ahora de “autorización previa” de los responsables públicos.

Además, Jané se felicitó de que el PP aceptase respetar las competencias autonómicas en materia de seguridad privada, algo en lo que coincidió el representante del PNV Emilio Olabarria. No obstante, este parlamentario peneuvista criticó que esta Ley de Seguridad Privada hace que España se vaya acercando “peligrosamente” a “lo podríamos considerar un Estado policiaco”.