En el curso 2016-2017 se implantarán las pruebas de final de etapa en ESO y Bachillerato previstas en la nueva ley de educación, y de cara al ejercicio 2017-2018, la actual Selectividad desaparecerá para todos los alumnos y el nuevo sistema basado en los propios criterios de cada universidad deberá funcionar ya de forma general.

Así se recoge en un borrador de real decreto analizado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación, que desarrolla el reglamento, para que el curso que viene los alumnos mayores de 25 años y los procedentes de FP, Bachillerato internacional o Enseñanzas Artísticas y Deportivas superiores puedan ingresar en la universidad según los requisitos que establezcan.

Con todo, aquellas que “consideren que no tienen tiempo” de adaptar sus sistemas de ingreso podrán mantener el sistema anterior, explicó en rueda de prensa la secretaria de Estado del ramo, Montserrat Gomendio.

Esta era una petición expresada por muchas universidades y algunas comunidades autónomas, que aducían falta de tiempo.

POLÉMICA SOBRE EL CATALÁN

En la Conferencia Sectorial también se abordó el proyecto de real decreto que permitirá a las familias que no encuentren un centro público o concertado donde escolarizar a sus hijos en castellano inscribirlos en uno privado con cargo al Gobierno regional.

A la reunión no asistió la consejera de Cataluña, única comunidad a la que afecta esta previsión de la Lomce, aunque la responsable del País Vasco, Cristina Uriarte, presentó una enmienda contra el texto aduciendo “invasión de competencias”.

Por su parte, Gomendio se mostró favorable a crear un grupo de trabajo entre el ministerio y las comunidades afectadas por la norma, aunque sus conclusiones “se tendrán que presentar con la suficiente celeridad, porque la ley se aplicará el curso que viene sí o sí”.

Según explicó, serán las familias las que, si no encuentran un centro que satisfaga su demanda en su municipio, deberán reclamar a la inspección del Estado, que investigará y, si es preciso, pedirá información a la comunidad autónoma. Si esta no proporciona una respuesta favorable, las familias podrán matricular a sus hijos en el colegio privado, adelantando la matrícula.

El Gobierno central les reembolsará este dinero y, posteriormente, se lo detraerá a la autonomía a través de la financiación autonómica. Además, Todo ello se realizará en un plazo “establecido y ágil”, afirmó Gomendio.

Los gastos de transporte, comedor e internado también serán abonables, y no se considerarán una solución válida ni las clases individualizadas ni la separación en grupo según la lengua.