Así se recoge en un documento elaborado por su Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, que mañana, jueves, se presentará al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la reunión del Consejo de Universidades.

En declaraciones a Servimedia, el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo y miembro de la red, Luis Rodríguez, indicó que si este nuevo sistema debe estar listo para junio (según el borrador de real decreto que mañana se debate), las universidades tendrían que aprobar sus propios criterios de admisión una vez el Gobierno dé luz verde al texto definitivo, “con un par de meses de plazo como mucho”.

“No hay tiempo material para hacerlo”, advirtió, y por eso pediremos al ministro que el nuevo sistema se implante a la vez para todos los alumnos”, es decir, en el ejercicio 2017-2018, cuando la Selectividad desaparezca de acuerdo con lo previsto en la Lomce.

“Al contrario de lo que dijo el ministro, desde 2010 no hay cupo ni para los estudiantes que vienen desde FP Superior ni para los de Bachilleratos Extranjeros, y lo peor es que el borrador de real decreto tampoco prevé una reserva de plazas”, destacó Rodríguez.

En su opinión, resulta “injusto” que estos alumnos “se pasen tres años con un sistema distinto, compitiendo en desigualdad con la mayoría de estudiantes que vienen del Bachillerato general”.

CONTRA LAS PRUEBAS EXCLUSIVAS

Los rectores también pedirán a Wert que sean las notas de la evaluación final de Bachillerato “el criterio de admisión común para todas las universidades”.

Según el texto actual, estas instituciones podrán fijar de forma excepcional pruebas adicionales (entrevistas, otros exámenes...) en algunas titulaciones, algo que para Rodríguez “atenta contra la igualdad de oportunidades”.

“Nuestra propuesta es que las facultades fijen sus propios criterios en función de la modalidad de Bachillerato escogida, la nota media e, incluso, la nota de ciertas materias”.

“Sí creemos en la idoneidad de que las facultades definan perfiles académicos”, prosiguió, pero añadió que, en cualquier caso, las calificaciones de la evaluación de dicha etapa (que de hecho tendrá carácter nacional) “deben ser la única referencia”.

Si no, se dificultará la movilidad de los estudiantes y la igualdad de oportunidades, apuntó Rodríguez, ya que los alumnos con más recursos podrán desplazarse a más facultades para realizar sus pruebas.

A ello hay que agregar las dificultades organizativas que para las universidades supondría dicho sistema, de cara a preparar el listado de admisiones de cada curso.

La mayoría de rectores defenderán mañana estos puntos en el Consejo de Universidades, donde también se analizará otro proyecto de real decreto sobre equivalencias y homologación de los títulos universitarios españoles.