El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el secretario de Acción Sindical del sindicato, Toni Ferrer, presentaron en rueda de prensa esta propuesta, en la que se recoge la necesidad de intensificar la lucha contra el fraude fiscal.

Así, reclaman que se incremente la plantilla dedicada a la lucha contra el fraude en 14.000 efectivos, lo que tendría un coste de 500 millones de euros pero permitiría recaudar 16.620 millones, con lo que el saldo neto sería de 16.120 millones.

“La pretensión es dar un repaso al funcionamiento del sistema tributario español”, dijo Méndez, quien agregó que “se trata de buscar una línea que permita superar alguno de los graves problemas del sistema”. Señaló que “el principal es el fraude”, por lo que su “erradicación debe de ser una prioridad absoluta”.

Por ello, piden también aumentar los plazos de prescripción del delito fiscal y reducir el límite de cuota defraudada “para la ampliación del reproche penal de esas conductas”. En esta línea, creen que habría que endurecer el régimen sancionador, para garantizar que “en ningún caso sea rentable el fraude”.

La organización sindical defiende la necesidad de impulsar un nuevo sistema fiscal más justo y garantice la suficiencia. De esta manera, apuesta por establecer un volumen de ingresos suficientes y estables, que permitan garantizar la prestación de los servicios públicos universales y de calidad que debe ofrecer un Estado de bienestar moderno y en el marco de la UE.

IRPF, IVA Y SOCIEDADES

En cuanto al IRPF, el sindicato propone eliminar la doble base del impuesto, la ampliación de rentas y la eliminación de reducciones de base y de deducciones, lo que permitiría incrementar la recaudación en 10.100 millones de euros.

Respecto a la eliminación de deducciones al IRPF, el sindicato defiende que se eliminen “de manera progresiva y no retroactiva”.

Para UGT, las rentas de actividades económicas deben gravarse por estimación directa, por lo que habría que suprimir la estimación objetiva mediante módulos, porque la tributación debe basarse sobre los ingresos reales.

Además, el sindicato pide que se cree un impuesto “real” sobre la riqueza, que integre todo el patrimonio de los contribuyentes, incluida la vivienda habitual.

En materia de vivienda, la organización aboga por eliminar las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y penalizar los inmuebles vacíos.

Respecto al Impuesto de Sociedades, UGT pide garantizar un tipo mínimo efectivo, limitar al máximo las exenciones, bonificaciones y deducciones que reducen la base imponible del impuesto. Con ello, se ingresarían 9.200 millones más.

Sobre el IVA, el sindicato apuesta por establecer un tipo impositivo ampliado para los bienes de lujo, eliminar la extensión de las actividades de sanidad y educación privadas, recuperar el tipo reducido para la cultura y pasar los alimentos incluidos en el tipo reducido (10%) al superreducido (4%).

Por otra parte, el sindicato considera necesario que el sector financiero “contribuya”, por lo que se propone establecer un impuesto sobre las actividades financieras en España.

En cuanto a la imposición medioambiental, señalan que se conseguirían 4.000 millones adicionales al aumentar la presión fiscal en este ámbito al recortarse la diferencia que existe con otros países del entorno europeo. En España representan en 1,6% del PIB, mientras que en Dinamarca son el 5,7% o en Alemania, el 2,2%.

COMITÉ DE EXPERTOS

Respecto a la reforma que propone el comité de expertos presidido por Manuel Lagares, Méndez criticó el reparto de la carga tributaria, ya que “beneficia a las rentas altas y perjudica a las bajas”.

Además, UGT considera que no hay ningún elemento añadido en la lucha contra el fraude y no se aborda la eficiencia financiera.

El sindicato trasladará su propuesta fiscal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya tiene las líneas generales del documento.

El pasado 14 de enero UGT trasladó a Rajoy un documento titulado ‘Hacia un nuevo modelo económico y social en España’, cuyo tercer eje hacía referencia a la reforma de la fiscalidad.