El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el pasado 17 de enero y con él se amplía el concepto de daño ambiental a las aguas en las actuaciones que se realicen mar adentro relativas a la extracción de petróleo o de gas.

De esta forma, el Gobierno pretende que las operaciones relativas al petróleo y al gas en aguas marinas se realicen con mayores niveles de seguridad, después de que el almacén subterráneo de gas natural conocido como ‘Castor’ se paralizase el pasado 26 de septiembre tras detectarse un incremento de movimientos sísmicos frente a las costas de Castellón.

El proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pretende garantizar la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros pretende reforzar la vertiente preventiva y simplificar y mejorar la aplicación del marco normativo recogido en la Ley de Responsabilidad Ambiental, de 2007, la cual se basa en los principios de “prevención” y de que “quien contamina, paga”.

La ley de 2007 prevé que las empresas que ocasionen daños ambientales o amenacen con causarlos deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, en el caso de que ya se hayan producido, devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban.

La principal novedad es que amplía el concepto de daño medioambiental a las aguas para asegurar que la responsabilidad se aplique también a las aguas marinas, según recoge la Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.

CRÍTICAS DE PSOE, UPYD E ICV

Sin embargo, el texto ha recibido las enmiendas a la totalidad de tres grupos parlamentarios. El PSOE afirma que desliza “una pertinaz voluntad política de desmantelamiento programado de la red legal de protección ambiental”, se ha presentado mientras la UE tramita una reforma de una directiva en el mismo sentido, que podría obligar a reformar de nuevo la ley, y no se ha consultado al Consejo Económico y Social

Por su parte, La Izquierda Plural, a través de los diputados de ICV Laia Ortiz y Joan Coscubiela, coincide con el PSOE en señalar que el Gobierno ha obviado al Consejo Económico y Social, Bruselas estudia la reforma de la directiva sobre responsabilidad medioambiental y el texto exime al 98% de las empresas de contratar seguros (de las 320.000 obligadas por la ley de 2007 se pasa ahora a 5.470).

“Es como si el principio ‘el que contamina, paga’ pasara a ser voluntario. Así, todo queda en manos del operador. Él mismo se evalúa su propio riesgo y decide la cuantía de la garantía”, añade.

Por último, UPyD lamenta la ausencia de la participación del Consejo Económico y Social y del Consejo Fiscal y asegura que el texto “rebaja las exigencias recogidas en la normativa anterior, ya sea sustituyendo la autorización administrativa por una simple comunicación (artículo 24), fijando reglamentariamente el sistema de exenciones y, previsiblemente, disminuyendo notablemente el número de actividades sujetas a la constitución de garantías (artículo 28)”.