Ambos grupos firman una propuesta de 50 puntos distribuida en seis bloques, a la que tuvo acceso Servimedia. El primero de esos bloques se refiere a 'Derechos, deberes y prerrogativas de los diputados y los Grupos Parlamentarios'.

Además de eliminar la promesa de acatar o jurar la Constitución, piden la eliminación de los coches oficiales para los portavoces de los grupos parlamentarios, presidentes de comisión y miembros de la Mesa y viajes en clase turista para los parlamentarios salvo “excepciones justificadas por razones de seguridad y/o eficiencia”.

En materia de suplicatorios para procesar a un parlamentario, establecen que el Pleno “motive suficientemente” su concesión o denegación, que los diputados que abandonen el grupo parlamentario por el que fueron elegidos, no puedan incorporarse a otros y se les considere “no adscritos”.

Establecen que todo grupo parlamentario tenga derecho a una sala de reuniones donde poder reunirse y recibir las visitas, que cada diputado tenga un despacho de uso exclusivo y que aquellos que tengan menos de 15 diputados tengan derecho a un asesor por diputado, mientras que los mayores tengan garantizado un asistente por cada dos diputados.

LENGUAS COOFICIALES

En el apartado de 'Derechos lingüísticos', Esquerra y Geroa Bai quieren garantizar el derecho de los diputados a usar oralmente y por escrito cualquier lengua oficial, y que los ciudadanos puedan dirigirse a la Cámara igualmente en cualquier lengua del Estado.

Piden, además, la traducción de todos los documentos definitivos a las distintas lenguas (boletines, diarios de sesiones…), así como de la página web y de la información corporativa y la “igualdad de trato de las distintas lenguas salvo en lo estrictamente interno de la Cámara, donde el castellano podrá ser lengua de trabajo”.

En materia de 'Gestión parlamentaria y Transparencia', estas dos formaciones proponen la creación de una Comisión Parlamentaria permanente sobre el cumplimiento del Reglamento, en especial de los derechos de los diputados y de los grupos parlamentarios, así como el control del presupuesto de la Cámara.

Asimismo, la Comisión analizará el cumplimiento de los mandatos parlamentarios y de las obligaciones legales del Gobierno ante el Parlamento, así como la adecuación de las respuestas e informes del Gobierno a lo solicitado por los diputados y diputadas.

En esta materia, quieren que los votos de cada diputado sean individualizados y que los ciudadanos tengan acceso a ellos. Piden un presupuesto de la Cámara accesible y una Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, que permita un control cotidiano del gasto.

En cuanto al a elección de la Mesa del Congreso, sugieren que se haga en votación secreta y única para elegir al presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. “Cada diputado dispondrá de un solo voto y la persona más votada será nombrada presidente, la siguiente vicepresidente primero y así sucesivamente”.

ERC quiere que todas las comisiones se reúnan al menos ocho veces por periodo de sesiones para el debate de iniciativas parlamentarias, que cada grupo pueda llevar a debate un mínimo de cuatro proposiciones de ley por periodo de sesiones y la supresión de las proposiciones no de ley del Pleno para que pasen a debatirse sólo en Comisión y dejar más sitio al debate de proposiciones de ley en Pleno.

CONTROL AL GOBIERNO

En materia de control al Gobierno, ambos partidos proponen la unanimidad de la Mesa del Congreso para la inadmisión a trámite de iniciativas parlamentarias, “tras informe firmado por los letrados avalando la inadmisión”. En cualquier caso, estiman que la inadmisión a trámite “debe ser por cuestiones formales, no por la valoración del contenido de la iniciativa”.

Además, reclaman que el Ejecutivo remita “un informe anual” sobre el cumplimiento de los mandatos parlamentario, para su debate tras una comparecencia del Gobierno, tras la cual habrá propuestas de resolución.

Exigen que cada grupo parlamentario tenga derecho a realizar una pregunta al presidente del Gobierno en cada sesión de control, ahora los grupos pequeños se ajustan a un cupo que les permite preguntar una vez cada dos meses. Quieren también que las preguntas orales se formulen directamente al Gobierno sin que tengan conocimiento previo de ellas, al estilo del Parlamento británico.

Sólo si el diputado solicita datos concretos al ministro que deba responder, podrá registrar su pregunta con 48 horas de antelación para dar al oportunidad al titular de la cartera de recabar a información.

También quieren que se intensifique el control estableciendo que cada grupo pueda realizar al menos 4 interpelaciones por periodo de sesiones, con su posterior moción.

Asimismo, quieren establecer como obligatorio el debate anual de política general, conocido como Debate sobre el Estado de la Nación, y la comparecencia preceptiva de los ministros en cada período de sesiones. De igual modo establecen un cupo de 50 diputados o tres grupos parlamentarios para que se constituya una comisión de investigación.

JUSTICIA UNIVERSAL Y REFORMA CONSTITUCIONAL

En lo relativo al procedimiento legislativo, ERC y Geroa Bai piden que las proposiciones y proyectos de ley tengan una votación final de conjunto para considerarse aprobados, y que las proposiciones de las comunidades autónomas y las iniciativas legislativas populares sean tomadas en consideración en el mismo período de sesiones en que fueron presentadas.

Finalmente, quieren que los reales-decretos se tramiten como proyecto de ley siempre que lo solicite un grupo parlamentario, no exista el procedimiento de lectura única para proyectos o proposiciones de ley orgánicas o reformas constitucionales, así como en leyes que modifiquen más de una ley, de manera que reformas como la de la jurisdicción universal no se podrían haber llevado a cabo.

De igual modo fijan la imposibilidad de que las reformas constitucionales puedan realizarse por trámite de urgencia o en periodos de sesiones extraordinarios, para impedir modificaciones como la impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que introdujo el principio de equilibrio presupuestario en la Constitución en una sesión extraordinaria del Parlamento durante las vacaciones.