El juez ha realizado esta misma diligencia en las cinco causas que tiene abiertas en virtud de la jurisdicción universal: por las torturas a detenidos en la base de Estados Unidos en Guantánamo (Cuba), por la represión ejercida en el Sahara Occidental por las autoridades marroquíes tras la toma de control de la región a finales de 1975, por las desapariciones de disidentes en Argelia a manos presuntamente de miembros del Frente Polisario, por el asesinato en 1976 en Chile del diplomático español Carmelo Soria por la policía secreta Augusto Pinochet y por el asalto del Ejército de Israel a la denominada ‘Flotilla de la Libertad’ que se dirigía a Gaza en octubre de 2012.

Las cinco resoluciones dictadas hoy por Ruz señalan que “habiendo entrado en vigor” el pasado sábado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PP y con la que se ha derogado la jurisdicción universal, procede dar tres días a las partes personadas para que “efectúen las alegaciones que tengan por oportunas”.

Las diligencias acordadas por el juez de la Audiencia Nacional tienen lugar “con carácter previo a resolver lo procedente sobre el mantenimiento del ejercicio de la jurisdicción” en los casos investigados “y en la medida en la que los hechos y delitos investigados pudieren resultar afectados por la citada reforma legal”.

Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, tras la entrada en vigor de la reforma legal, tienen que decidir ahora si archivan la docena de casos abiertos en este tribunal en virtud de la justicia universal.

RETICENCIA DE LOS JUECES

El juez Santiago Pedraz se ha negado hoy a archivar la causa abierta por el asesinato del cámara de televisión José Couso, que tuvo lugar en Bagdad (Iraq) el 8 de abril de 2003, al entender que la limitación de la jurisdicción universal impulsada por el PP contraviene la Convención de Ginebra.

El otro juez que por el momento tiene dudas sobre la aplicación de la limitación de la justicia universal es Eloy Velasco en el marco de la causa abierta contra 13 militares de El Salvador a los que acusa de haber participado en el asesinato de seis jesuitas -cinco de ellos españoles- en noviembre de 1989. Entre las víctimas se encontraba el religioso Ignacio Ellacuría.

Este instructor ya ha pedido a la Fiscalía y a las demás partes personadas que le informen sobre si procede mantener la causa abierta por alguno de los dos delitos investigados, en este caso lesa humanidad y asesinato terrorista.

Fuentes jurídicas señalaron que si bien el delito de lesa humanidad queda fuera de la jurisdicción universal con la reforma impulsada por el PP, el delito de asesinato terrorista cometido en el extranjero sigue siendo competencia de la Audiencia Nacional.

Velasco también ha planteado a las partes la posibilidad de acudir a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el órgano designado por la reforma de la legislación, para que determine si la Audiencia Nacional puede mantener abierta la causa por el asesinato de jesuitas en El Salvador.