Según el Gobierno, el texto será el marco del acuerdo y contará con las aportaciones de las partes implicadas (además de las CCAA, entidades del Tercer Sector y organizaciones sociales) para tener un acuerdo antes del verano.

Una de las principales medidas a tomar es que el Ministerio y las autonomías creen un sistema unificado de información y atención al usuario sociosanitario para “garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad, y en una red coordinada”.

También se estudiarán el tipo de infraestructuras existentes, sanitarias y sociales, que deberían funcionar en dicha red, para facilitar el registro, el seguimiento y la evaluación de toda la atención.

El documento base (que no es una clasificación “ni exhaustiva ni definitiva”, según el Ejecutivo) incide en las personas con necesidades de atención sociosanitaria y, por lo tanto, de servicios y prestaciones sociales y sanitarios: personas con enfermedades crónicas progresivas, en situación terminal o con enfermedades mentales, personas con discapacidad física y/o sensorial, así como con discapacidad psíquica o intelectual, personas con adicciones y pacientes en los que coexista una situación de dependencia.

Además, el texto apuesta por un modelo único con criterios comunes en el diseño de un modelo de autorización y acreditación; protocolos y guías clínicas conjuntas para los procesos más frecuentes de derivación y establecer guías compartidas de prescripción de medicamentos.

Asimismo, en este proceso se abordará también la necesidad de intercambiar información básica en las esferas clínica, funcional, social y psicológica. Según recoge el acuerdo marco del Ministerio, “debe preverse un circuito de retorno al nivel asistencial de procedencia o al más adecuado según el estado actual del paciente sociosanitario”.

Para diseñar la estrategia se han establecido cinco grupos de trabajo sobre: la definición del perfil de las personas con necesidades de atención sociosanitaria; la regulación del catálogo de servicios sociosanitarios y dispositivos de atención; el establecimiento de un sistema común de autorización y acreditación en todo el territorio nacional, con criterios homogéneos; los instrumentos de gestión del proceso y un sistema de información común.