El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, dieron a conocer este miércoles los detalles de la operación en una rueda de prensa en el complejo policial de Canillas, donde se encontraban también responsables policiales de la investigación.

Cosidó y Matesanz explicaron a los medios que en la operación se ha detenido a un acaudalado ciudadano libanés de 61 años y alcalde de una localidad de este país. Este ciudadano estaba necesitado de un trasplante a consecuencia de una enfermedad hepática crónica, para lo cual que viajó a España para intentar, sin éxito, que se le realizara la operación con donantes supuestamente voluntarios.

Ayudado de otros cuatro individuos, el arrestado llegó a realizar la oferta a nueve personas y costeó las pruebas y análisis médicos previos para comprobar la idoneidad de los candidatos. El trasplante ilícito no llegó a realizar gracias a los controles del sistema sdanitario español, que impiden la compra venta de órganos en nuestro país. Cosidó y Matesanz destacaron que se trata de una legislación pionera en el mundo, que penaliza con hasta 12 años de cárcel el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes.

DENUNCIA DE UNA ONG

La denuncia de la responsable de una ONG de ayuda a inmigrantes dio inicio a las investigaciones sobre el caso de este ciudadano libanés. Esta asociación informó a la Policía de que una mujer le había confesado que un amigo de su esposo le había ofrecido una gran cantidad de dinero por la donación de sus órganos.

La mujer, una ciudadana argelina de 28 años y en situación irregular en España, incluso se realizó pruebas en una clínica de Valencia, aunque finalmente fue descartada como potencial vendedora del órgano por encontrarse embarazada.

Los investigadores descubrieron que la mujer había sido conducida a la clínica por dos ciudadanos de origen palestino y libanés, que habrían costeado las pruebas médicas. De hecho, estos individuos habrían acompañado en otras ocasiones a ocho personas más, siete de ellas inmigrantes irregulares sin ingresos, a practicarse los exámenes médicos.

Estas pruebas incluían, además de análisis, algunas muy específicas como resonancias abdominales, TAC o volumetrías hepáticas, comprobación sólo indicada para pacientes con cáncer hepático o para el trasplante de hígado.

El importe de todas las pruebas, un total de 12.000 euros, fue facturado a una empresa radicada en Alicante.

DONANTE RUMANO

Algunos de los candidatos fueron rechazados a raíz de los análisis médicos, pero, al menos uno de ellos, aceptó la oferta y fue considerado idóneo. El receptor libanés llegó a personarse junto con este “donante” de origen rumano en el Hospital Clínico de Barcelona, con el de que se le realizara el trasplante. Sin embargo, esta operación fue rechazada por el coordinador de trasplantes del hospital, al no tener la garantía de que el ciudadano rumano fuera familia ni allegado al receptor y carecer de pruebas que acreditaran el carácter altruista de la donación.

Finalmente, el receptor libanés fue trasplantado en un hospital español, que practicó la intervención tras comprobar que, esta vez sí, el donante vivo era su propio hijo. Tras la operación abandonó España, pero fue detenido el 30 de enero en el aeropuerto de Manises (Valencia), a su vuelta a nuestro país para una revisión médica.

Posteriormente, han sido arrestadas otras cuatro personas, los dos ciudadanos que actuaron de intermediarios y que acompañaron a los candidatos a donantes a las clínicas y a los propietarios de la empresa a la que se facturaron las pruebas médicas.

“TOLERANCIA CERO”

Cosido destacó “el especial compromiso de la Policía Nacional en luchar, en colaboración con las autoridades sanitarias, contra el turismo sanitario y el tráfico de órganos en nuestro país” que “supone un fraude a la sanidad de todos los españoles”.

Por su parte, Matesanz señaló que esta operación refuerza la firmeza del modelo español y pidió “tolerancia cero frente al tráfico de órganos y el turismo de trasplantes”.

Además añadió que “tenemos lo suficientes controles para evitar que se produzcan trasplantes ilegales”. Este sistema se basa “en el altruismo y la solidaridad valores de los que no nos podemos desprender”.

En la operación, la ONT ha prestado una total colaboración y asesoramiento a los investigadores de la UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de la Policía de Valencia que ha realizado la investigación.