Así lo señalaron este miércoles en un comunicado las organizaciones Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Aecoc, Anged, Aces, Asedas, CEC, Fehr, Fehrcarem, CCOO Feagra, UGT Fitag, UPA, COAG y Asaja, en el que denunciaron la “oleada” de nuevos costes fiscales.

En este sentido, advirtieron de que algunas medidas tomadas por el gobierno en materia de fiscalidad ambiental, incremento de costes laborales o el aumento de costes eléctricos, “minan” la competitividad del sistema agroalimentario y de los sectores ligados al consumo.

En esta línea, indicaron que el impacto del impuesto de gases fluorados, utilizados en los procesos de refrigeración y mantenimiento del frío de los alimentos básicos, se sitúa entre 5.000 y 30.000 euros por local en el caso de la distribución, mientras que en restauración supone 1.000 euros anuales por local.

En cuanto al impacto de la imposición sobre el empleo, con el incremento de los costes de las cotizaciones, calculan que en el sector de la restauración en la Comunidad de Madrid se han incrementado un 9% los costes laborales, y suponen 800 euros anuales por trabajador.

En hostelería, además el incremento de los costes salariales, “significa la desaparición parcial o total de una de sus fuentes de ingresos”, la de los vales de comida, cuyo mercado prevén que desaparezca en un 40%, con una pérdida de facturación en torno al 2,5% y una repercusión sobre el empleo de 12.000 puestos de trabajo.

“DISTORSIONADA” CARGA IMPOSITIVA

Asimismo, el sector agroalimentario, comercio, distribución y hostelería; se refiere a la “distorsionada” carga impositiva autonómica, que suma ya más de 70 tributos, y que genera “altos costes económicos”, cercanos a 1.300 millones de euros.

A pesar de estos costes, la recaudación es, a su juicio, “mínima e insuficiente” para corregir el problema del déficit, y dicha carga se suma al incremento de los peajes de acceso de las tarifas eléctricas en un promedio de 125%.

En cuanto al regadío,” la factura de la luz se ha encarecido en una media superior al 80%, con un incremento de los costes fijos regulados de más de un 1.000%”, a lo que hay que añadir la propuesta sobre la cogeneración, que “paraliza este tipo de producción energética” y “causa un grave quebranto a las inversiones realizadas en los últimos años”, criticaron.

De esta forma, las asociaciones alertaron de que un reposicionamiento de los tipos de IVA pasando los productos del tipo reducido (10%) al tipo general (20%) conllevaría una destrucción de 155.295 puestos de trabajo y una caída de la producción de 16.032 millones de euros.

Además, supondría una disminución de ingresos públicos de 2.183 millones de euros y un aumento de las prestaciones por desempleo de 556 millones, según un estudio realizado por el Centro de Estudios Económico Tomillo.

La facturación de la producción e industria agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería en España asciende a 370.000 millones de euros, representando más del 20% del PIB nacional y más de cinco millones de empleados.