Martín Pallín hizo estas reflexiones en el Congreso, donde este martes la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) organizó una jornada en defensa de la jurisdicciún universal. En los debates participaron representantes de los partidos y de víctimas de otros países que tienen causas en la Audiencia Nacional, como los tibetanos o los saharauis.

A este respecto, Martín Pallín sostuvo que se “deben mantener la universalidad de todos los derechos”, incluido el de la justicia universal. Añadió que la reforma promovida por el Gobierno sólo interesa a “los autores de la desaparición de personas y responsables de ejecuciones forzadas” y a “las empresas constructoras del Ibex 35”, a quienes la justicia universal “le puede privar de suculentos contratos”.

"INSTRUMENTO DE CRUELDAD"

Asimismo, este magistrado emérito se mostró confiado en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en contra de esta modificación de la jurisdicción universal y recordó que “por encima de todo están los principios”.

Sobre el argumento empleado por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el sentido de que la justicia universal creaba conflictos con otros países, este juez alegó que “los conflictos existen siempre, sin que intervenga la justicia universal”

Pallín concluyó su intervención asegurando que “un legislador no puede convertir la ley en un instrumento de crueldad, esperemos que en el Senado se puedan recobrar los valores constitucionales”.

Por otra parte, el abogado de Apdhe Manuel Ollé, que dirige la querella saharuai en la Audiencia contra militares marroquíes por genocidio, dijo que esta reforma “vulnera la constitución” y “destroza la jurisprudencia del Constitucional”.

"CLIENTELISMO"

A juicio de este abogado, la modificación de la norma para perseguir delitos en otros países "no responde a razones técnicas o jurídicas, sino se produce por motivos de clientelismo”, criticó este abogado. “Parece que se han analizado todas las causas abiertas en la Audiencia Nacional y se ha hecho una reforma a la carta para cerrar todos los procesos”. Según Ollé, está claro que la limitación de la justicia universal responde a las presiones de “China, EEUU e Israel”.

Para este abogado, la proposición de ley del PP “es contraria a la tutela judicial efectiva y pretende una intervención legislativa en la justicia”. “Desde el punto de vista técnico la propuesta debilita el estado de derecho, destroza los derechos humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas y favorece a la impunidad de los criminales”, concluyó Ollé.

"SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS"

Entre los asistentes al acto también se encontraba el abogado Carlos Slepoy, que representa a los querellantes personados en Argentina contra varios presuntos torturadores franquistas.

Este letrado dijo ver "con mucho optimismo" el anuncio del PSOE de que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la limitación de la justicia universal. “Además varios jueces y magistrados tienen previsto denunciar ante el Constitucional esta modificación de la justicia universal”, remarcó Slepoy.

Este abogado concluyó que “la naturaleza del crimen contra la actualidad determina la existencia de la justicia universal y a través de las leyes se ejerce la solidaridad de los pueblos”.