El artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión prevé como única excepción al mismo el que "la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes".

En ese caso, continúa, tal autoridad "podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación", por medio de una resolución "motivada" que ha de "notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación". Fuentes oficiales reconocieron a Servimedia que esta excepción en ningún caso puede hacerse extensiva a la condición de Bien de Interés Cultural.

Botella puso como ejemplo el caso de la Plaza Mayor, otro Bien de Interés Cultural, donde el Ayuntamiento aseguró que no se han convocado manifestaciones en los últimos seis años. Sin embargo, según pudo saber esta agencia, desde 2011 se han celebrado allí un total de 16, pese a tratarse, obviamente, de un recinto con menos visibilidad e impacto mediático que la Puerta del Sol.

De hecho, una resolución de 30 de septiembre de 1993 de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOE del 21 de enero de 1994, declaró Bien de Interés Cultural "el conjunto histórico de la villa de Madrid".

Dicha resolución detalla calle por calle las zonas que se consideran pertenecientes al conjunto histórico, delimitando un perímetro que por el norte llega hasta la avenida de Concha Espina, por el sur hasta la plaza de Legazpi, por el oeste hasta la plaza de la Moncloa y por el este hasta la calle del doctor Esquerdo.