La iniciativa, que se debatió y votó hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados dentro de la última jornada del Debate sobre el Estado de la Nación, obtuvo 289 votos en contra, 22 a favor y 23 abstenciones.

La propuesta pedía al Gobierno que pusiera en marcha “una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué parte de la misma puede considerarse odiosa o ilegítima”.

Asimismo, reclamaba la derogación de la reforma que PSOE y PP pactaron en 2011 del artículo 135 de la Carta Magna y por la que se priorizó el pago de la deuda. En este sentido, instaba al Gobierno a “establecer la prioridad del gasto en servicios públicos fundamentales frente a cualquier otro gasto”.

El texto pedía además “mantener el carácter público y la participación en el capital de las instituciones financieras intervenidas, garantizando al menos una parte pública en el capital del 51% como instrumento fundamental para facilitar el crédito a las empresas de menos dimensión y a las familias”.

ANTES Y DESPUÉS

En su iniciativa, La Izquierda Plural argumentaba que “la deuda pública de España era en 2006 tan sólo del 36,6% del PIB, mientras que en 2012 había alcanzado un 84,2% y se prevé que para finales de 2014 llegue a sobrepasar el 100%”.

“Este espectacular crecimiento tiene su causa en las políticas que los diferentes gobiernos han puesto en marcha para enfrentar la crisis”, añadía el texto.

Asimismo, indicaba que la reforma constitucional llevada a cabo en 2011 ha incrementado “la subordinación de toda la economía y de los trabajadores al pago de la deuda, todo ello a costa del desmantelamiento de la sanidad, la educación, los servicios sociales e incluso los derechos laborales y civiles”.

“Para el año 2014 está previsto el pago de 36.000 millones de euros en concepto de intereses a los acreedores de la deuda pública. Una cantidad que se detrae de otras partidas sociales en los Presupuestos y que únicamente sirve para acrecentar la riqueza de los propios acreedores”, aseguraba IU.

Esta situación se produce “paralelamente a la barra libre que el Banco Central Europeo tiene instalada al servicio de las entidades financieras privadas”, denunciaba.

Dichas entidades, criticaba IU, “pueden financiarse a un tipo de interés muy bajo, que puede llegar al 0,25%, y prestar ese dinero a su vez a los Estados a un tipo de interés mucho más alto que pueden alcanzar el 5% o el 6%”.