Según el experto en financiación universitaria y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén Juan Hernández Armenteros, en el sistema universitario español hay unos 223.000 becados, con lo que la nueva exigencia de un 6,5 de media y de un 100% de aprobados (para mantener la ayuda en muchas carreras) dejará fuera al 37% de los becados en solo 4 años, lo que dura un grado universitario.

A ello hay que agregar que el requisito de 5,5 para acceder a la gratuidad de la matrícula privará de esta exención a unos 25.000 alumnos en el mismo período de tiempo.

En la rueda de prensa, Hernández Armenteros advirtió, además, de que el nuevo modelo de asignación de las ayudas con una parte variable (en función de la media del alumno, de las notas de los demás estudiantes en la misma rama académica y de la disponibilidad presupuestaria) “genera una gran incertidumbre a los becarios, que hasta casi terminado el curso no sabrán de cuánto dinero dispondrán”.

Con todo, Hernández Armenteros sí se mostró partidario de la implantación de criterios de “progreso y permanencia, para evitar que haya gente que, si paga, pueda quedarse a vivir en la universidad”. El ejemplo sería el de la Pompeu Fabra en Cataluña, que con unas normas más duras ha logrado una tasa de rendimiento académico 10 puntos superior a la media española.

MÁS FINANCIACIÓN

El informe propone aumentar la financiación de la educación superior y de la I+D en España hasta alcanzar la media de la OCDE, y de forma especial reclama mayor dotación para becas y ayudas al estudio.

“España destina a becas un 0,11% del PIB frente al 0,31% de media en la OCDE, con lo que aún queda mucho que avanzar”, agrega. Por eso, el trabajo pide un aumento de los umbrales de renta hasta lograr que cerca del 40% del alumnado reciba algún tipo de ayuda, y apuesta por que las familias asuman el coste de las matrículas en función de su renta.

En su intervención, el también experto en financiación de la UPV, José Antonio Pérez García, defendió un modelo de financiación universitaria por resultados (docencia, I+D, transferencia, impacto socioeconómico...) y no “en función de los costes”, que a su juicio “genera una gran ineficiencia en el sistema”.

Ello llevaría a una autorregulación por parte de las universidades, que también deberían poder decidir sobre sus precios de matrícula y su oferta.

Para Pérez García, lo lógico sería financiar la demanda y no la oferta, que tras la entrada en vigor de Bolonia ha aumentado “aún más, sobre todo en las privadas”.