El texto de la propuesta, que fue rechazado con 181 votos en contra, 133 a favor y 17 abstenciones, propone que se impida que las empresas suministradoras puedan interrumpir el servicio ni excluir a nadie por razón de retraso o impago del recibo siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familias que se determinen.

También pide regular un precio social en los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano, 'tramificando' la tarifa para garantizar el consumo mínimo necesario de las familias en función del número de miembros y de la renta.

En la iniciativa se insta al Gobierno a realizar una auditoría energética independiente de la composición del déficit tarifario revisando los conceptos prescindibles y estableciendo una quita parcial de la deuda eléctrica.

Además, reclama eliminar las trabas económicas y legales al autoconsumo de energía renovable, y modificar la regulación del mercado eléctrico para permitir un sistema de retribuciones de acuerdo a los costes de producción.

La Izquierda Plural aboga por exigir a las compañías “transparencia” y “responsabilidad” en su gestión, incrementando la información acerca de los conceptos incluidos en la factura, así como la disponibilidad de ayudas y bonos sociales.