Así lo afirma esta institución en su informe anual correspondiente a 2013, donde explica que las investigaciones de oficio también tenían como objeto conocer las intervenciones específicas que pudieran llevar a cabo los gobiernos autonómicos para garantizar la alimentación básica de los niños que vivan en hogares con privaciones materiales.

A la institución dirigida por Soledad Becerril le preocupó especialmente que el cierre de los comedores durante las vacaciones escolares pudiera agravar situaciones de precariedad.

De su investigación concluye que Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tenían programas específicos con enfoques diversos, como planes de inclusión, incremento de partidas presupuestarias destinadas a becas de comedor, el mantenimiento de comedores escolares abiertos en la época estival o la apertura de comedores sociales.

Igualmente, comprobó que Aragón, Asturias y Baleares adoptaron medidas o estaban en fase de estudio de impacto, en tanto que la Comunidad Valenciana había constituido una mesa de diálogo con las entidades sociales para abordar un plan de actuación sobre la pobreza infantil.

Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco manifestaron no tener detectado un problema estructural, aunque consideraron que la red general de cobertura, basada en rentas de integración, ayudas de emergencia y, en algún caso, comedores sociales, era suficiente para atender las necesidades que pudieran producirse en este ámbito.

Por su parte, Castilla-La Mancha estableció una conexión directa entre los problemas de malnutrición con eventuales situaciones de riesgo e incluso de desamparo, lo que motivaría la intervención de los servicios de protección a la infancia.

“ATENCIÓN PREFERENTE”

Con estas respuestas, el Defensor del Pueblo valoró los programas de las comunidades autónomas para luchar contra la exclusión social, si bien apunta en su informe que “la nutrición infantil debe atenderse a través de programas específicos”.

Los motivos que justifican esta recomendación son que los menores con problemas de nutrición precisan medidas rápidas para que esa situación no sea lesiva en su desarrollo físico e intelectual, que las rentas de inserción no llegan a todos los que las necesitan en todas las comunidades autónomas y que la renta de inserción y otras ayudas generalistas están concebidas como prestaciones genéricas de garantía para el conjunto de una unidad familiar y no aseguran que la alimentación de los menores constituya una prioridad.

“Cabe esperar que la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, que tiene entre sus objetivos apoyar prioritariamente a las familias con hijos menores y reducir la pobreza infantil, permita dispensar a este asunto una atención preferente”, concluye.