La consecuencia de ello es que tratamientos establecidos por especialistas médicos de dicho servicio, que deberían ser financiados por la sanidad pública, se prestan, por recomendación de dichos profesionales, en centro privados, teniendo las familias que financiarlos. El Informe del Defensor sostiene que tras su intervención, "el paciente ha sido derivado a un centro idóneo a cargo" de la sanidad pública.

El intento de privatización de seis hospitales públicos y 27 centros de salud de la comunidad madrileña también llegó hasta la oficina del Defensor del Pueblo, así como las jubilaciones forzosas de especialistas médicos llevada a cabo el pasado año por la Consejería de Sanidad.

En 2013, el Defensor también señaló al Servicio Madrileño de Salud "la necesidad de adoptar medidas para facilitar acompañamiento en centros sanitarios de pacientes que requieren especial protección, como son los menores, personas con discapacidad y mayores en situación de fragilidad, excepto en las casos y situaciones en los que esta presencia sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria". El servicio madrileño de salud ya ha dictado una resolución para facilitar dicho acompañamiento en las urgencias hospitalarias.