Dicho encuentro fue inaugurado por la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, que pidió a Mariano Rajoy que en el Debate del Estado de la Nación que comienza este martes en el Parlamento hable de la “verdadera situación de España y de los españoles” y que no apele a la “herencia” recibida para justificar los recortes.

Concretar los presupuestos de los planes de infancia y adolescencia y considerar política de Estado la situación en que viven muchos niños en España; apostar por el mundo universitario y el colectivo de los creadores; retomar las ayudas a la cooperación al desarrollo y restablecer las ayudas a los servicios sociales y sanitarios, cuya demanda ha aumentado pese al descenso del presupuesto; y detener reformas como la de la Ley del Aborto, fueron algunos de los asuntos que se abordaron. Los socialistas se comprometieron a plantear al Gobierno muchas de las ideas planteadas por los participantes.

En la conclusión, José Miguel Camacho, secretario general del Grupo Socialista en el Senado, sentenció que “estamos en un cambio de modelo social” con las políticas del PP, por lo que subrayó la importancia de los asuntos debatidos este lunes en la jornada, ya que se trataron “cosas más cercanas a los ciudadanos, pues en el Debate sobre el Estado de la Nación se hablará de cuestiones como la prima de riesgo”, indicó.

INFANCIA

En la primera mesa participaron representantes de varias organizaciones de infancia, en una mesa moderada por el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina.

En nombre de Save the Children, Almudena Escorial mostró su esperanza por la puesta en marcha de la subcomisión parlamentaria para estudiar la violencia en el ámbito de la infancia y recordó que el de los niños es el grupo “más afectado por la crisis, más en grupos especialmente vulnerables”.

Escorial denunció que, a pesar de los recortes en las becas de comedor y que los menores también sufren las consecuencias del paro de sus padres en el acceso, por ejemplo, a los libros de texto, “no hay una política específica para luchar contra la pobreza infantil”.

Durante su turno de palabra en nombre de Unicef España, Marta Arias, denunció que la sociedad española tiene “un problema serio en materia de pobreza y desigualdad” y que seguirá en esa línea por “falta de inversión y falta de eficacia, no sólo de eficencia, de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza”.

En representación de la Plataforma por la Infancia participó Ángel Hernández, que denunció que los planes de infancia y adolescencia aprobados el año pasado por el Gobierno de Rajoy tienen algunas carencias, como la falta de transparencia en los “recursos específicos” destinados a tales planes: “Existe dificultad de visibilizar los recursos que se destinan a promover los derechos de la infancia y en concreto a reducir la pobreza infantil”.

También agregó que se desconocen los presupuestos concretos que se destinan desde la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a apoyar la infancia y la adolescencia; y pidió a los socialistas que trasladen al Gobierno una propuesta para “que la infancia sea política de Estado”, pues, en opinión de Hernández, no es responsabilidad única de las familias o del Gobierno.

ECONOMÍA Y EMPLEO

La segunda mesa del ‘Debate Social de la Nación’ estuvo coordinada por la portavoz socialista de la Comisión de Empleo en el Congreso, Concha Gutiérrez. El primer turno de este debate lo tuvo el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, que alertó que “la universidad pública está en un proceso de desmantelamiento”. “Después de la Lomce le toca a la universidad”, recordó.

Carrillo denunció que se desconocen los motivos del Gobierno para “el desmantelamiento de la Universidad”. “El planteamiento es cambiar un modelo de universidad que ha dado resultados por un modelo que no sabemos muy bien qué es”, el denominado ‘modelo Harvard’, que según la perspectiva del rector de la UCM tendría poca cabida en las 17 variantes existentes en España.

Mónica Melle, de Economistas frente a la Crisis, defendió que “no estamos viendo la luz al final del túnel”. “Nos están intentando convencer de que los últimos datos son los datos de la recuperación”, pero, aunque ha habido algún dato “favorable” como el del PIB, “no estamos saliendo de la crisis”.

Es más, según Melle, hay “riesgos importantes” porque puede haber recaídas. Por ello, propuso como alternativa recuperar el espacio del mercado financiero y de las élites económicas, con un Estado que tenga un papel más fuerte en la economía “para que prime el interés general” y no beneficios particulares.

Agapito Pageo, de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), pidió apoyar la cultura porque se trata de un mercado “incipiente” y que, más que con “posicionamientos culturales o de carácter ideológicos”, el ámbito de los creadores tendría que estar considerado desde una perspectiva más económica, pues cuenta con casi 450.000 trabajadores. Entre las “muchas cosas” que se pueden hacer está “proteger la propiedad intelectual”, indicó.

Por su parte, Mercedes Ruíz-Giménez, de la Coordinadora de ONGD de España, exigió “coherencia política”, también aplicada a “la violación de derechos que se está produciendo en nuestras fronteras” para revertir “el desmantelamiento de la política de cooperación al desarrollo”.

Ruíz-Gimenez también habló de la imposibilidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, pues en vez de reducirse la pobreza en el mundo “ha habido un aumento brutal de las desigualdades”. Por ello, pidió al Ejecutivo que “se tome en serio la lucha contra la desigualdad y la pobreza” en un momento en el que se están “limitando” los derechos sociales, especialmente el de participación de la ciudadanía, en referencia a reformas legislativas como las relativas a la seguridad ciudadana y el aborto.

DERECHOS SOCIALES

“Si era poco la quiebra a los derechos sociales que infringió la política de la derecha, que no la crisis, ahora el Gobierno da un “nuevo hachazo” con la reforma de la Ley del Aborto, dijo María Luisa Carcedo, secretaria general adjunta del Grupo Socialista en el Congreso, que moderó la tercera mesa, que se centró en los derechos sociales.

José María Sánchez, en nombre de la Confederación de Agrupaciones de Familiares con Enfermedad Mental (Feafes), propuso buscar alternativas a las reformas de las leyes que les afectan, como la del Código Penal. “Hay que considerar que una persona que comete un acto en un momento en que tiene una crisis no es consciente de ello”, destacó. Por eso, pidió acentuar la atención sociosanitaria y socioterapéutica para acabar con la “peor situación” en la que está este colectivo, circunstancia agravada por la crisis y el estigma social hacia la enfermedad mental.

Según el representante de Feafes, el 80% de las personas con enfermedad mental viven y conviven con sus familias, porcentaje que en el país europeo que más se parece a España en este porcentaje, Irlanda, ronda el 60%. “No estamos disconformes con que tengamos que ser los principales cuidadores; estamos muy disconformes que no tengamos los recursos adecuados para poder atender a las personas que viven con nosotros”, añadió.

Sánchez reclamó más ayudas para las personas y familias por las que habló, pues, lo que se dedica en España a salud mental no llega al 5% del PIB, algo que en otros países de Europa ronda el 10%, según dijo.

Ana Lima, del Consejo General del Trabajo Social, recordó una reciente información que han realizado y que desvela “una tendencia a la privatización o a la gestión indirecta en la prestación de los servicios sociales”, pues un importante porcentaje de los trabajadores sociales menores de 35 años encuentra trabajo en el sector privado.

“Hay una emergencia social”, destacó, pues la pobreza crónica y la exclusión se están prolongando en el tiempo, especialmente entre las personas mayores, con discapacidad y mujeres. “Se ha aumentado la demanda de los servicios sociales un 74%”, mientras se han recortado esos servicios, constató la representante del Consejo General del Trabajo Social. “Cuanto más lo necesitan las personas más se les está dejando en la estacada”, denunció.

En representación de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez destacó que “los sistemas sanitarios públicos son más eficientes porque son más baratos”, sentenció.

Sánchez propuso alternativas para evitar los recortes presupuestarios en el ámbito sanitario, como mejorar la financiación, un plan integral de salud y reformar el Consejo Interterritorial del Consejo General de Salud para mejorar en la coordinación. También se refirió a las privatizaciones de los servicios. En su opinión, “la privatización aumenta los costes de manera exponencial” y, con ella, los centros privados derivan los enfermos “más costosos” a los centros públicos, convirtiendo en un “negocio” las privatizaciones.

El “elevado” gasto farmacéutico, el inapropiado uso de la tecnología médica, la fragmentación de la cartera de servicios y la necesidad de “transparencia informativa” en el ámbito sanitario fueron otros de los temas abordados por Marciano Sánchez.

La mesa la cerró Isabel Serrano, de la Plataforma Decidir nos hace Libres, refiriéndose más que al derecho al aborto al “derecho a decidir sobre cosas que tienen que ver con la fertilidad”. “Se nos quieren llevar a planteamientos absolutos”, alertó.

Según Serrano, “cuando a la mujer se le niega el dercho al aborto se le están negando otros derechos como el derecho a la vida, salud, vida privada, igualdad y no discriminación”. Por ello, apeló a seguir lo que afirman ciertas entidades supranacionales: “Tenemos multitud de casos en los que los organismos de vigilancia internacional han dicho cosas que son claramente diferentes a las que está defendiendo el Gobierno español”, en referencia a la reforma de la Ley del Aborto. En su opinión, con esta reforma se pierde “el carácter preventivo”, cuando con la normativa vigente, según datos de 2012, “hubo 6.000 abortos menos”.