En su intervención al término del Consejo de Ministros, Gallardón aseguró que el proyecto de justicia gratuita analizado este viernes por el Ejecutivo tiene un “amplio contenido social”, ya que se aumenta el número de entidades y ciudadanos que tendrán acceso a abogados gratis en los tribunales.

El titular de Justicia destacó que, entre los colectivos que ahora pasan a ser beneficiarios de la justicia gratuita, destacan víctimas del terrorismo; de la violencia de género; y de la trata de seres humanos. Otros son las asociaciones de personas con discapacidad; menores de edad y personas con discapacidad intelectual cuando sean víctimas de abusos; y víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.

Hasta ahora a estos colectivos se les garantizaba la defensa jurídica especializada de forma inmediata, pero el acceso a la justicia gratuita seguía los requisitos generales, por lo que, si no se les reconocía el derecho, debían abonar después los gastos generados. Sin embargo, a partir de ahora estos grupos serán beneficiarios de justicia gratuita, lo que supone también quedar exento del pago de tasas.

AYUDA Y DENUNCIA

Además, desde el mismo momento de interposición de la denuncia o en el asesoramiento previo, estos colectivos dispondrán de atención jurídica especializada, mientras que los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia pericial especializada. Con esta medida se cumplen y amplían las recomendaciones marcadas en una reciente directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de apoyo a las víctimas de delitos.

También estarán exentos de pagar tasas judiciales los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en litigios de primera instancia en la Justicia Social, con un descuento de un 60 por ciento en la presentación de recursos.

El abanico de colectivos que se benefician de la justicia gratuita se completa con determinadas personas jurídica como las organizaciones de consumidores en actividades vinculadas con sus fines, la Cruz Roja y las asociaciones de sindicatos.

UMBRAL DE RENTA

El titular de Justicia también destacó que se elevan los umbrales de renta que permiten beneficiarse de la justicia gratuita. En concreto, podrán acogerse a esta ayuda los ciudadanos que ganan menos de 31.950 euros brutos anuales.

Gallardón señaló que se trata de un “sector muy importante” de la población el que ahora podrá tener su defensa costeada con dinero público. Al mismo tiempo, anunció que se introducirán unos “controles” para evitar “abusos” en el uso de justicia gratuita.

El ministro del Justicia recordó que estas iniciativas son posibles gracias a los beneficios obtenidos con la Ley de Tasas que permite “un equilibrio” en el acceso a la justicia de los ciudadanos y añadió que se afianza un sistema de gestión en los que son los colegios de abogados los que presten este servicio.

ELEGIR PRESTACIONES

El texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros introduce, además, la posibilidad de que el beneficiario de la justicia gratuita elija qué prestaciones de las previstas en este derecho desea obtener. En el caso de las mujeres maltratadas, esto podrá evitarles el pago de la tasa correspondiente, pero ser representadas por un abogado de su elección y no por uno de oficio, si así lo desean.

Las prestaciones que comprende el derecho a la justicia gratuita son asesoramiento y orientación, así como información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales, así como asistencia y representación gratuita de abogado y procurador. Otros beneficios son inserción gratuita de anuncios o edictos; exención del pago de tasas y depósitos; y asistencia pericial gratuita. Finalmente, también tendrán derecho a obtención gratuita de copia, testimonio, instrumentos y actas notariales, así como reducción del 80% de los derechos arancelarios que les sean requeridos por el órgano judicial

Otro aspecto es que, por primera vez, la ley recoge expresamente a los imputados y a los reclamados por euro-órdenes. Hasta ahora la norma sólo mencionaba a los presos y detenidos como posibles beneficiarios de la justicia gratuita si sus ingresos eran inferiores a los umbrales establecidos.

CONTROL DEL FRAUDE

La futura ley prevé la creación de un comité de consultas en el seno del Ministerio de Justicia para asegurar una interpretación homogénea del texto legal. Además, si en el plazo de cuatro años el beneficiario viene a mejor fortuna (sus ingresos son el doble del umbral por el que en su día tuvo derecho a la justicia gratuita), la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos.

El proyecto también contempla que se incrementan las facultades de averiguación patrimonial por parte de los Colegios de Abogados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. También se establece una presunción de abuso de derecho a partir de la tercera vez que en un año se acude a la justicia gratuita, salvo en el orden penal. Esto no significa que a partir de la cuarta petición se deje de prestar la asistencia requerida, sino que se comprobará si está justificada y sólo en ese caso se atenderá la solicitud.

El órgano judicial podrá apreciar la existencia de abuso de derecho por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita y la revocará y podrá condenarle en costas.

El texto da respuesta, además, a un problema denunciado con frecuencia por los colegios profesionales, que es el cobro de la actuación desempeñada en el orden penal cuando se es designado abogado de oficio de una persona que finalmente no tiene derecho a la justicia gratuita. La Administración se compromete a abonar directamente los servicios prestados en los cinco primeros días.

Los trámites para la obtención del derecho se agilizarán mediante el empleo de medios electrónicos, como el expediente electrónico de justicia gratuita, que será obligatorio en las comunicaciones entre Administraciones y con los Colegios profesionales.