En un comunicado enviado a los grupos parlamentarios, la patronal considera que ésta es una medida “de gran transcendencia”, por lo que insta al Ejecutivo a tener “precaución” en su aplicación para garantizar que los efectos positivos que se esperan de ella, como “la reducción de la inflación, la recuperación de la competitividad o contribuir a la moderación de los precios de los bienes y servicios públicos”, no acaben teniendo repercusiones no deseables.

En concreto, la organización sostiene que la exclusión genérica de todos los contratos públicos de las revisiones periódicas de los costes de mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura, “supone una ruptura del equilibrio económico de los contratos, que es motivo de preocupación para el sector empresarial”.