La petición de dimisión fue prácticamente general en toda la oposición: CiU, PNV, Amaiur, ERC y BNG la pidieron la directamente ante el Pleno del Congreso, mientras que el PSOE y UPyD se mostraron favorables a conocer toda la verdad de lo sucecidio antes de pedir responsabilidades.

Ricardo Sixto fue el encargado de defender la moción en nombre de La Izquierda Plural. Antes de que comenzará a hablar desde la tribuna, sus compañeros de grupo puestos en pie mostraron carteles pidiendo la dimisión de Fernández Díaz y tras la preceptiva amonestación de la vicepresidenta del Congreso Celia Villalobos el debate continuó con normalidad.

La moción, registrada después de que el responsable de Interior reconociese en el Congreso que la Guardia Civil disparó pelotas de goma y botes de humo al agua para disuadir a los inmigrantes que trataban de cruzar a nado la frontera, reclama su renuncia al cargo porque esos hechos “suponen una clara vulneración de los derechos humanos y considera que la gravedad de lo ocurrido debería conllevar la dimisión inmediata del ministro”.

El texto propone también la “prohibición total del uso de escopetas de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La moción es consecuencia de la interpelación urgente de IU al ministro del Interior sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, aunque el debate se centró practicamente en las críticas al comportamiento de la Guardia Civil en el caso de Ceuta.

Sixto insistió en que un ministro “no puede venir al Parlamento a justificar el incumplimiento de la ley. Eso en una democracia tiene como consecuencia que el ministro presente su dimisión, y si no la presenta, el partido y el presidente del Gobierno que no lo destituye será el responsable”.

El socialista Antonio Trevín preguntó al Gobierno por las “atrocidades que tiene en la cabeza” para intentar, tras la muerte de los inmigrantes, una reforma de la Ley de Extranjería que ampare su actuación.

Exigió que el Congreso tenga la oportunidad de “llegar al fondo” de los hechos ocurridos. Los parlamentarios “tenemos el derecho y la obligación de conocerlos por cumplir con nuestra obligación, por Europa y por el buen nombre de España en el mundo”, y sólo entonces decidirán los socialistas si reclaman la dimisión de Fernández Díaz.

Trevín reiteró, como ya hizo la portavoz socialista esta mañana, la necesidad de que el Ejecutivo entregue las grabaciones completas de lo sucedido en la playa del Tarajal y advirtió que en caso contrario los socialistas pedirán una comisión de investigación.

En consecuencia, pidió a IU la votación separada del punto que reclama la dimisión del ministro, algo que también hizo la diputada de UPyD Irene Lozano, quien abogó por conocer los hechos antes de solicitar dimisiones.

Feliu Joan Guillaumes, de CiU, dijo a Fernández Díaz que “en Europa hay ministros que han dimitido por copiar un trocito de tesis. ¿Cuántas muertes hacen falta para que dimita el ministro de Interior?. Señor Fernández Díaz, por favor, dimita”, acabó pidiendo. También el diputado del PNV Emilio Olabarría se sumó las peticiones de dimisión.

La representante de ERC, Teresa Jordà, fue más allá al afirmar que si hubo disparos contra los inmigrantes que nadaban en los alrededores de la frontera fue porque éstos eran “negros” y dijo que de haber sido “blancos” no se les habría disparado.

En nombre del PP, Conrado Escobar, dijo a IU que “la demagogia no salva vidas, ni protege nuestras fronteras, ni las calles. El cinismo político no nos protege de la violencia y descalificar a al Guardia Civil es el mejor pasaporte para las mafias de la inmigración”.

MOCIÓN

El texto de IU recoge diez puntos, además de la petición de dimisión del ministro del Interior y la prohibición total de las escopetas de pelotas de goma.

Así, pide la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y eliminar de la actual reforma en marcha del Código Penal “la nueva regulación que criminaliza la protesta social y restringe los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”.

Mediante esta moción, IU quiere que el Congreso inste al Gobierno a “paralizar los expedientes sancionadores iniciados contra ciudadanos supuestamente relacionados con las movilizaciones ciudadanas, bien participando en las mismas de forma pacífica o, en algunos casos, sin ni siquiera participar en las mismas”.

Además, pretende que el Gobierno ponga fin a “la práctica de elaborar ‘listas o ficheros’ de personas participantes en las manifestaciones, concentraciones o acciones de protesta contra las políticas del Gobierno”.

PROTOCOLO ESPECÍFICO

IU aboga por elaborar un protocolo “específico” para regular las intervenciones policiales en las protestas sociales, con el fin de garantizar “con mayor amplitud los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión”.

Además, quiere que se adopten las medidas necesarias para que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado tengan la obligación de estar identificados “de forma constante”, “clara y visible”. Asimismo, propone que tengan la obligación de identificarse “cuando así lo soliciten los ciudadanos con respecto a la actuación policial”.

El grupo parlamentario liderado por Cayo Lara propone que el Gobierno evite que las “identificaciones policiales y cacheos” en las protestas ciudadanas se realicen “con fines intimidatorios”.

Otra de las medidas que plantea La Izquierda Plural es que la negativa de un agente a identificarse sea considerada una falta en el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

IU reclama “las medidas necesarias para la regulación e instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación en video y audio” de sus actuaciones.

GRABACIONES

Que se graben también las intervenciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana es otra de las propuestas que hace La Izquierda Plural en su moción.

Asimismo, IU apuesta por crear un procedimiento de investigación sistemático sobre las “posibles extralimitaciones” en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las delegaciones del Gobierno, para, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan.