El encargado de defender la toma en consideración de la proposición de ley fue José Miguel Castillo (PP) quien defendió que la iniciativa amplía el número de delitos perseguibles internacionalmente.

Durante el debate parlamentario, que duró cerca de dos hroas, aseguró que la regulación proyectada “ni limita ni restringe la competencia extraterritorial de España en base de principios justicia universal”. “Al contrario, permitirá que estos crímenes puedan ser perseguidos y juzgados de manera más efectiva y eficaz que antes”, dijo.

Añadió que es necesario “mejorar” la actual regulación para que “la teoría y la práctica” de la persecución de las violaciones de los derechos humanos “sean realmente efectivas”.

Por parte del PSOE intervino su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, quien añadió que esta proposición “elimina la jurisdicción universal en pro de la impunidad de terribles crímenes contra la humanidad”.

“España se había colocado a la cabeza de la defensa de los derechos humanos” y ahora pasará a la “cola”, pese a que actualmente hay países de la Unión Europea, como Francia, que están cambiando su legislación para asemejarse a la que hay vigente en España.

Jordi Janè (CiU) dijo que la reforma que propone implica un “pimpam fuera” y un sobreseimiento automático a los casos que se están investigando contra la violación de derechos humanos fuera de las fronteras española.

TRUEQUE VERGONZOSO

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural Gaspar Llamazares denunció la “vergüenza” que supone “cambiar derechos humanos por relaciones comerciales”, aprobando lo que supone de facto “una derogación contra la jurisdicción penal internacional”.

La diputada de UPyD Irene Lozano manifestó que “lo único universal que va a quedar de esta reforma es que quedará en la historia universal de la infamia”.

Aitor Esteban (PNV) criticó que lo que no ha precisado el PP en su iniciativa es que la reforma “viene con muchas rebajas a lo que ya estaba establecido por la ley”.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervinieron Sabino Cuadra (Amaiur), Joan Tardà (ERC) y Olaia Fernández Dávila (BNG).

Cuadra señaló que “el ‘Todo a cien’ de este Gobierno” tiene franquicias y por eso “está atento” a lo que dicen países como Estados o China.

Joan Tardà (ERC) criticó que “entre hacer justicia por la muerte de José Couso o agradar a quienes le mataron, el Gobierno ha optado por la impunidad de los asesinos”, de la misma forma que se ha negado a que los culpables de los crímenes del franquismo respondan ante la justicia.

Olaia Fernández Dávila (BNG) dijo que el PP “se alinea con el imperialismo americano” y su proposición “debilita el Estado de Derecho, destroza los derechos humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas de horrendos crímenes y garantiza la impunidad de los autores”.